La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido condenar al consejero Roger Torrent a un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa del Parlamento catalán en 2019. El escrito de acusación, consultado por Europa Press, reclama la misma condena para el exsecretario primero de la Mesa Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero Josep Costa, y para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado, pide 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.
Según la Fiscalía, los miembros independentistas de la Mesa que presidía Torrent tramitaron propuestas de resolución supuestamente a sabiendas de que suponían desoír varios autos y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anteriormente ya habían anulado resoluciones del Parlament relacionadas con el proceso independentista y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al Rey.
La Fiscalía asegura que el TC había comunicado estas sentencias anteriores "individual y personalmente a todos los miembros de la Mesa" junto con un aviso de su obligación de paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que fue a contra estas decisiones judiciales.
Unos días después de que el tribunal enviara estos avisos, el 22 de octubre de 2019 Junts, ERC y la CUP registraron una propuesta de resolución que reprobaba a la monarquía y defendía el derecho a la autodeterminación a raíz de la sentencia del 1-O.
La acusación pública sostiene que los miembros independentistas aceptaron esta propuesta de resolución a pesar de que conocían los avisos del TC y "a pesar de la oposición del resto de miembros de la Mesa y de los expresos apercibimientos del secretario general del Parlamento catalán y del letrado mayor" sobre que el texto podía contravenir los autos del tribunal.
El escrito de acusación recuerda que otros miembros de la Mesa pidieron reconsiderar la aceptación de la propuesta de resolución pero que Torrent usó su voto de calidad para admitirla.
El TC suspende el acuerdo de la Mesa
Tras esta decisión, el TC, a instancias de la Abogacía del Estado, suspendió la admisión a trámite que había acordado a la Mesa y volvió a advertir tanto a los miembros de la Mesa como al secretario general del Parlament de su deber de evitar acciones que supusieran eludir las órdenes del TC.
Al recibir el aviso, el secretario general paralizó el trámite de los apartados de la resolución que podían entrar en conflicto con los autos del tribunal, y no se incluyeron en el orden del día del pleno que estaba previsto para el 12 de noviembre.
Unos días después de esta acción del secretario general, la CUP registró una moción que también hacía referencia a la autodeterminación y Torrent, Costa y Campdepadrós la aceptaron a trámite a pesar de que el resto de miembros de la Mesa se opusieron y a pesar de "la advertencia expresa del secretario general del Parlament sobre las dudas de entrar en contradicción" con el TC.
La Fiscalía señala que el 5 de noviembre los cuatro acusados desestimaron las peticiones de reconsideración que PP, PSC y Cs hicieron ante la admisión de la moción de la CUP, y la incluyeron de nuevo en el orden del día del pleno del 12 de noviembre.
Tres días de esta decisión la Abogacía del Estado volvió a pedir al TC que anulara los acuerdos de la Mesa en ateniendo a la sentencia que había dictado anteriormente, tras lo que el tribunal envió una nueva advertencia a la Cámara.
Votación en el pleno
La acusación sostiene que Torrent, "sabiendo que el TC acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción", la tarde antes del pleno lo adelantó de hora --de las 15 a las 9 horas-- y al inicio del pleno se incluyó la moción en el orden del día a petición de 50 diputados.
El día 12, la moción se votó y se aprobó en el pleno "sin haberse solicitado ningún informe a los servicios jurídicos, tal y como habían interesado otros grupos parlamentarios".
