La Fiscalía de Madrid ha enviado un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid en el que rechaza que esté ralentizando la causa, tal y como aseguró en un auto la juez que investiga el caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel: "¿Cómo puede imputarse al Ministerio Fiscal la paralización de los recursos?", se preguntan en el recurso los fiscales.
En el escrito, los representantes del ministerio público no "alcanzan a entender la razón por la cual se atribuye al Ministerio Fiscal la falta de celeridad en la tramitación de los recursos", destacan los fiscales.
En el mismo sentido, también critican que la magistrada haya asegurado que no anula la causa, cuando según los propios fiscales "nunca" han pedido "la nulidad de lo actuado, a pesar de que el fundamento jurídico 'E' concluye argumentando que no puede prosperar la alegación de que todo es nulo. Es decir, no hemos estimado que las diligencias acordadas como consecuencia de las providencias recurridas resulten nulas", especifican los fiscales.
Ha ralentizado la causa del 8-M
La juez que investiga la manifestación del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, considera que la decisión de la Fiscalía de esperar a dar su opinión a la reactivación de los plazos procesales el 4 de junio ha ralentizado la causa sobre la actuación del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, según consta en el auto del pasado martes.
En concreto, la magistrada aseguró que el ministerio público no dio su opinión sobre la apertura de diligencias hasta el 8 de junio, por lo que el recurso que presentó no pudo ser elevado a la Audiencia Provincial de Madrid antes de la declaración de este miércoles como imputado de Franco.
Contra la juez Rodríguez-Medel
En un escrito anterior, recogido por Vozpópuli, el ministerio público cargó duramente contra las actuaciones de la juez Carmen Rodríguez-Medel. Según avisó el departamento dirigido por Dolores Delgado, "esta circunstancia obedece a que la Ilustrísima Instructora ha aplicado la Disposición Adicional segunda en lo relativo a la suspensión de los plazos, sin que se haya acogido al párrafo 4 de dicha Disposición". Así, criticó el incumplimiento de plazos procesales que, por el estado de alarma, estaban congelados desde el 14 de marzo.
El recurso presentado este lunes, la Fiscalía pidió el archivo de la investigación al considerar que no se concreta cuál es el hecho que se considera prevaricador. "En el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar”, señaló. En este sentido, concluyó que no se puede acusar a Franco de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
