La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez a cargo del 'caso Neurona' que aclare las razones por las que ha decidido llamar a declarar en calidad de testigo a la exsenadora de Podemos Celia Cánovas.
En un escrito de 24 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, la representante del Ministerio Público se ha adherido parcialmente al recurso de reforma interpuesto por Podemos para solicitar al juez Juan José Escalonilla que "complete el auto especificando a cuál de los hechos objeto de investigación" se refiere y "respecto de los cuales debe ser oída Celia Cánovas como testigo".
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid había citado a la exsenadora de En Comú Podem por Tarragona al considerar que tiene un "conocimiento directo" sobre "los hechos investigados".
Estaba previsto que Cánovas declarara como testigo el 25 de mayo, pero finalmente se aplazó y el interrogatorio tendrá lugar este jueves a las 12.30 horas.
El juez acordó la citación a petición de Vox, una de las acusaciones populares de 'Neurona'. Esta solicitud fue recurrida por Podemos, que considera que la "finalidad original" del partido liderado por Santiago Abascal sería buscar nuevas líneas de investigación para "seguir engordando la causa".
Cánovas ejerce de acusación
La exsenadora también ejerce de acusación particular en la causa después de que pidiera personarse en el procedimiento al entender que la formación 'morada' habría malversado fondos y usado las donaciones de los cargos públicos para encubrir "una operación de blanqueo".
Sostiene que sus donaciones a Podemos desde que entró como senadora en 2015 ascienden a 25.000 euros y asegura que no ha podido conocer el destino dado a esos fondos, por lo que se considera "perjudicada por la posible malversación denunciada y que es objeto de las presentes diligencias instructoras".
'Neurona'
El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
El juez Escalonilla sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas de la formación. Por ello, la actividad probatoria en esta causa se centra en determinar si la empresa hizo o no el trabajo.
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