La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado Pablo Llarena que acuerde la detención e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y Antoni Comín y que se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, según confirman fuentes fiscales. La petición se produce después de que el TGUE confirmara la retirada de su inmunidad como europarlamentario.
El Ministerio Público explica que, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el recurso que ya anunció la defensa de Puigdemont no tiene efecto suspensivo, por lo que considera procedente emitir nuevas órdenes de detención internacionales y europeas.
La petición de la Fiscalía se conoce un día después de las elecciones del 23-J cuyo resultado ha hecho que el partido del expresidente catalán se considere clave en el bloque de la izquierda para poder lograr la formación de un gobierno liderado por Pedro Sánchez.
Del mismo modo esta mañana Clara Ponsatí ha sido detenida por los Mossos tras informar en su red social que se encontraba en Barcelona. Los agentes han cumplido con la orden de detención nacional ordenada por Llarena después de que no se presentara en abril en el alto tribunal, donde ha sido procesada por delito de desobediencia. El magistrado, por su parte, ha ordenado que se le tome declaración en los juzgados de Barcelona y, tras ello, se le deje en libertad al acusarle de un delito que no lleva aparejada pena de prisión.
"En conclusión, la retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023", reza la Fiscalía en el escrito remitido al magistrado Llarena.
Puigdemont y la malversación
Al hilo los fiscales recuerdan que el delito de malversación por el que se sentará en el banquillo Puigdemont (y que no ha acusado la rebaja impulsada por el Gobierno) lleva aparejada pena privativa de libertad que oscila entre los 6 y los 12 años de cárcel, debido a la "elevada cuantía de los fondos malversados".
Llarena tuvo que reformular el procesamiento para el expresidente catalán y el resto de consejeros huidos tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno. De esta forma le retiró el delito de sedición y, aunque no le acusó por la nueva figura de desórdenes públicos agravados, le mantuvo la malversación agravada.
A falta de conocer el criterio del magistrado Llarena, en la actualidad Puigdemont tiene libertad de movimiento fuera de España puesto que el instructor del procés tenía suspendidas las euroórdenes a la espera de que el TJUE se pronunciara sobre la cuestión prejudicial planteada a Bruselas y también a la espera de la resolución del TGUE que se hizo pública a comienzos de julio.
La Justicia europea
El magistrado de la Sala de lo Penal hizo decaer las órdenes internacionales de detención cuando modificó el procesamiento de Puigdemont a tenor de la reforma del Código Penal. Al respecto retiró la sedición y le acusó por desobediencia e hizo decaer también las órdenes de detención a excepción de la nacional, de manera que si el expresidente catalán entra en España, será detenido.
Cabe recordar que la Justicia europea ha propiciado un doble varapalo a Puigdemont ya que, previamente a resolver sobre el asunto de su inmunidad, se pronunció en relación a la negativa de Bélgica de entregar a Lluís Puig. Al respecto en enero dio la razón al magistrado, que había planteado una cuestión prejudicial por este asunto, y sentenció que ningún país de la UE puede rechazar la extradición solicitada alegando un hipotético riesgo de vulneración de sus derechos.
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