La Fiscalía pide condenar con malversación agravada a los dos hombres de confianza de Oriol Junqueras por el 1-O. El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación en el que pide siete años de cárcel para el que fuera responsable de Economía catalán Josep María Jové y seis años de prisión para el exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó. De aplicarles el delito solicitado por Fiscalía, ninguno de los dos cargos de ERC se beneficiaría de la reforma del Código Penal impulsada por Moncloa para reducir su condena.
Además de la malversación agravada, la Fiscalía pide que se condene a estos dos cargos intermedios de ERC por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. En el caso de Jové se solicita multa de 30.000 euros y 18 años de inhabilitación absoluta, mientras que para Salvadó -que en la actualidad ejerce como presidente del Puerto de Barcelona- multa de 24.000 euros y 16 años de inhabilitación.
El Ministerio Público se dirige también contra la que fuera directora de Servicios dentro del Departamento de Vicepresidencia catalán, Natalia Garriga, para la que pide multa de 18.000 euros por participar en el diseño del referéndum ilegal. Con todo, la Fiscalía quiere que los hombres de confianza de Junqueras indemnicen con 754.920 euros al erario público.
Cerebros del 1-O
El Ministerio Público explica en su escrito que ambos tuvieron un papel determinante en el diseño del programa de desconexión catalán. A Jové le atribuye la redacción del documento Enfocats. Se trata de la hoja de ruta del independentismo catalán que los agentes le incautaron durante el registro a su domicilio en el marco de las pesquisas que se siguieron en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Al hilo, recuerda los hechos ocurridos aquellos meses de septiembre y octubre de 2017 cuando desde el departamento que dirigía Junqueras se preparó la celebración de una consulta popular prohibida por el Tribunal Constitucional. Al respecto, el fiscal atribuye a Jové las reuniones preparatorias con la CUP así como la contratación (con dinero público) de todos los centros que se iban a necesitar para el 1-O y las órdenes a los Ayuntamientos de que acatasen lo estipulado por el gobierno de Carles Puigdemont.
La Policía constató como el Centro de Recogida de Datos llegó a estar "plenamente operativo" y contabilizó el 30 de septiembre de dicho año la disposición de 118 pantallas de ordenador, 2 servidores, 15 tarjetas SIM y un total de 275 teléfonos móviles. "El material se hallaba debidamente instalado y puesto al corriente para entrar en funcionamiento de manera inmediata", reza la Fiscalía, la cual atribuye a Natalia Garriga el papel de nexo entre Jové y los funcionarios de la Generalitat para conseguir los recintos de cara al 1-O.
Malversación agravada
En relación a los fondos públicos, la Fiscalía especifica que los investigados han cometido malversación en su modalidad agravada porque desviaron dinero público para celebrar una consulta prohibida por la Ley. Al respecto razonan que la Generalitat fragmentó los gastos del 1-O y los dividió en diferentes partidas para evitar repercusiones legales.
El escrito destaca el desvío de partidas del Fondo de Contingencia para gastos de publicidad o el abono de 979.661 euros para Unipost, la empresa contratada por el govern para el material electoral. "La difícil situación financiera que atravesaba Unipost próxima al concurso de acreedores, unida al hecho de que la Generalitat fuera su mejor cliente, propició una contratación ajena al procedimiento administrativo. Para disimular la importancia del gasto y disminuir riesgos, aceptaron dividir la facturación del casi un millón de euros entre cinco departamentos: Vicepresidencia, Cultura, Salud, Trabajo y Presidencia", recuerda el fiscal.
Por ello concluye que Jové y Salvadó, en aras a cumplir con "la hoja de ruta ideada para quebrar el orden constitucional" consiguieron financiación para una hipotética Cataluña independiente desde otros organismos. También impulsaron una estructura para crear su propia Hacienda catalana desde la cual financiarse una vez lograran la desconexión de España. El programa diseñado tuvo un coste de 704.587 euros. A cuenta del erario público se dispuso también los 50.333 euros que se necesitaron para cancelar estos programas.
Así pues, el Ministerio Público mantiene la malversación agravada en detrimento de los planes del Ejecutivo que, en connivencia con ERC, diseñó una rebaja de este tipo penal en las casos en los que se distrajera el dinero sin ánimo de lucro. El resultado es que no logran que se rebaje la pena de cárcel que ahora pide la Fiscalía para ellos.
El órgano que dirige Álvaro García actúa en sintonía con lo acordado esta misma semana por el Tribunal Supremo que mantiene la malversación agravada (y por tanto la inhabilitación hasta 2031) para Junqueras y el resto de cargos condenados por este delito en 2019. Por su parte Pablo Llarena, el magistrado que instruye la causa, también atribuye este tipo penal en su modalidad agravada para Puigdemont y el resto de huidos, que todavía tienen pendiente sentarse en el banquillo por el 1-O.
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