La Fiscalía anticorrupción investiga si el Ministerio de Fomento de Magdalena Álvarez (2004-2009) autorizó de forma "indebida" un contrato modificado de 4 millones de euros en el Puerto de la Bahía de Cádiz, según especifica un escrito del 10 de junio dirigido al juez que investiga en la pieza separada número ocho del caso Lezo, sobre las presuntas mordidas de OHL en diferentes partes de España para conseguir obra pública.
En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía especifican que su investigación va dirigida a averiguar si el exdirector del Puerto gaditano Albino Pardo Rodríguez "logró la aprobación indebida de ese modificado" por parte del Ministerio de Fomento y Puertos del Estado, bajo un Gobierno del PSOE, tal y como consta en las grabaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En varias de estas conversaciones grabadas, según apunta el ministerio público, el propio Albino Pardo Rodríguez habría reconocido su actuación irregular, por la que está imputado por un delito de cohecho. Y precisamente por eso fue citado a declarar el 2 de julio de 2019, por aceptar presuntamente "dádivas a cambio de realizar un acto ilegal en el ejercicio de su cargo o contrario a los deberes inherentes al mismo", completan los fiscales.
"Ejecución fraudulenta"
En el caso concreto de Albino Pardo Rodríguez, que fue director de la Autoridad Portuaria de la Bahía Cádiz, se le imputa un delito de cohecho por la "presunta ejecución fraudulenta de un modificado de las obras de ampliación del Muelle Marqués de Comillas, de Cádiz, por 4 millones de euros, que habían sido adjudicadas a OHL-SATO".
El gasto público vinculado a toda la ampliación del puerto gaditano, cuyas obras se adjudicaron en 2005, iniciaron en 2006 y finalizaron en diciembre de 2008, era de 21,7 millones (26,9 con IVA). Pero la propia OHL eleva la cifra a 31,3 millones, incluyendo ahí los impuestos y el contrato modificado de 4 millones bajo sospecha.
El ministerio público advierte en el mencionado escrito de 10 de junio, que la investigación de los hechos "resulta compleja, pues requiere el análisis pormenorizado de los expedientes administrativos que se han ido incorporando a las actuaciones, entre ellos el de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz".
El aviso de la Fiscalía responde a la petición de archivo de Albino Pardo Rodríguez, uno de los seis políticos investigados en la pieza por el presunto cobro de comisiones ilegales supuestamente abonadas por OHL a cambio de adjudicaciones. El ministerio público sostiene que las pesquisas aún siguen en curso y que todavía necesitan esclarecer información vinculada a los contratos que firmó cuando ejercía como director del Puerto de Cádiz.
Hasta 40 millones
Las diligencias se enmarcan en la investigación que se abrió en la Audiencia Nacional con un auto de 14 de marzo de 2018 para analizar varios contratos de obra pública adjudicados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014. El juez investiga una docena de obras públicas adjudicadas por el PP, el PSOE y Coalición Canaria (CC). Seis autovías, cinco puertos y un puente. Se trata de contratos que superan los 400 millones de euros, que según la Guardia Civil y anticorrupción habrían sido asignados a OHL tras el presunto pago de comisiones ilegales a políticos.
Las sospechas se iniciaron después de que la UCO de la Guardia Civil encontrara en el domicilio de Paulino Hernández Ros, antiguo trabajador de OHL, un DVD que contiene "archivos de audio que corresponden a grabaciones de diversas conversaciones mantenidas a lo largo de los años 2006 a 2009 entre dicho investigado y otras personas vinculadas al Grupo OHL o a la Administración pública".
Entre estos cargos públicos que conversaron con Paulino Hernández Ros, destacan los fiscales, se encontraba el propio Albino Pardo Rodríguez, que fue grabado en tres ocasiones, una de ellas el 6 de junio de 2007, durante la ejecución de la ampliación del Muelle del Puerto de la Bahía de Cádiz. Estas grabaciones, prosigue el ministerio público, no pudieron ser escuchadas en la Audiencia Nacional, porque el imputado rechazó prestar declaración. "No obstante, dichas grabaciones contienen pasajes expresivos que resultan indiciariamente compatibles con la ejecución del delito imputado" de cohecho, según completan los fiscales.
La contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández Ros, exdirector de control de gestión de OHL, y principal sospechoso en esta investigación, elevan las coimas entregadas a los políticos hasta los 38,6 millones de euros.
Investigación en OHL
Ante las acusaciones del Ministerio Fiscal, que acusa a la constructora de una práctica generalizada de pagos de políticos a cambio de obra pública, OHL contrató los servicios del despacho Baker & McKenzie para que investigara a los empleados y exempleados de la empresa imputados en la pieza ocho del caso Lezo.
Vozpópuli se puso en contacto con la constructora cuando se dieron a conocer las primeras imputaciones. Los portavoces de la constructora aseguraron que el grupo mantiene una "política de tolerancia cero con la corrupción" e insistieron en que desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, "ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción".
Desde el Consejo de Administración de OHL subrayaron que trabajan para asegurar que todos los empleados y directivos del Grupo OHL cumplan siempre, no sólo con la legislación aplicable y con las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, sino también con su Código Ético y su Política Anticorrupción.
