Ya van cuatro. En cuatro ocasiones la fiscalía ha defendido a los poderes públicos y financieros acusados de fraude y se ha opuesto al criterio del juez, hasta el punto de que en la última ocasión el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu lanza un reproche claro a la posición de la fiscalía que no ve indicios de delito en la venta de participaciones preferentes: “no puede descartarse la relevancia penal sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial”.
El juez del “caso Bankia” choca también con el ministerio público cuando la fiscalía recomienda a los afectados aparcar las querellas y recurrir a la vía civil: “ese criterio, basado únicamente en la eficacia y rapidez en obtener una respuesta de la Justicia (…) no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad”.
La posición de la fiscalía que recomienda recurrir a la vía civil “no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad”, afirma el juez
La posición de la fiscalía, un órgano jerárquico que depende del ministerio de Justicia, no responde a ninguna instrucción del ministerio, según fuentes del departamento. Pero lo cierto es que se repite por cuarta vez en las últimas semanas en las que las acusaciones de fraude a la banca y a poderes públicos suelen contar con un ministerio público que –según algunas acusaciones—actúa “más como abogado defensor”. Así ha sucedido en el caso del encarcelamiento de Miguel Blesa, así ha sucedido en la investigación a la Infanta Cristina y así ha sucedido también en el caso de los papeles de Bárcenas en el que el ministerio fiscal ni siquiera interrogó a los constructores acusados de financiar ilegalmente al PP.
- Caso Blesa: El ministerio fiscal no sólo se opuso al encarcelamiento sin fianza del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, sino que amenazó al juez Elpidio José Silva con presentarle una querella por actuaciones irregulares. Como respuesta, la acusación particular ejercida por Manos Limpias pidió su recusación por ser “condescendiente con los querellados” y le acusó de “actuar como si fuese el abogado defensor de los imputados”
- Caso de los papeles de Bárcenas: La fiscalía guardó silencio el día en que los constructores acusados de hacer donaciones ilegales al PP prestaron declaración. No planteó ni una sola pregunta. Cuando al día siguiente los medios de comunicación recogieron la insólita posición fiscal, anticorrupción sí planteó cuestiones.
- Caso Palma Arena: La causa que investiga el posible fraude fiscal por parte de la Infanta Cristina ha contado con una fiscalía que en dos folios aseguraba que no le consta “ningún indicio incriminatorio, ni documental, ni testifical” del que se pueda extraer que la Infanta conocía la supuesta actividad delictiva de su marido, Iñaki Urdangarín. El fiscal excusó también los gastos de la reforma de la casa de Barcelona de la pareja sosteniendo que no creía que fuera “un delito penal, sino en todo caso una irregularidad administrativa”.
- Caso Bankia: Sin que se hayan practicado diligencias todavía, la fiscalía asegura que en la venta de participaciones preferentes “las circunstancias no pueden sino llevarnos a concluir la ausencia de tipicidad penal en los hechos descritos en la querella, conclusión que aparece reforzada por nuestra jurisprudencia”.
La actuación de la fiscalía también ha causado malestar en casos como el de Madrid Arena en el que el ministerio público se negó a acusar al ex vicealcalde de Madrid y al ex delegado de Economía de la Comunidad. Isabel de la Fuente, la madre de una de las víctimas llegó a asegurar en Telecinco: “La fiscalía es el mejor abogado de los imputados”.
