La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ordenó el registro de varias sedes de la Generalitat, que le envíe la declaración del número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, Josep María Jové Lladó, en cuyo domicilio la Guardia Civil se incautó de la denominada "hoja de ruta" independentista. Con esta declaración, el ministerio público quiere obtener nuevas pruebas de la participación del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el delito de sedición, y lograr su ingreso en prisión de manera provisional.
La Guardia Civil requisó el 20 de septiembre en la vivienda de Josep Maria Jové Lladó el documento denominado: EnfoCATs Reenfocant el procés d'independència per un resultat exitós, y que según el informe policial de 5 de octubre enviado a la jueza Carmen Lamela es una "hoja de ruta" del soberanismo para conseguir, al margen de las leyes y de la Constitución, la independencia de Cataluña.
Precisamente, la juez aludió en el auto en el que decretaba la libertad de Trapero al documento EnfoCat como uno de los elementos que vinculan al jefe de los Mossos con la estrategia independentista.
Además, el ministerio público de la Audiencia Nacional pretende ampliar la acusación contra el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que hasta el momento sólo está imputado por sedición por los hechos ocurridos el 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía y otras dependencias de la Generalitat, y no por la inacción de los Mossos d'Esquadra, un cuerpo policial compuesto por 17.000 agentes, durante el referéndum del 1-O.
Por ello, la Fiscalía no descarta citar por tercera vez a Trapero como investigado, en el caso de que haya nuevos motivos que hagan necesaria su declaración para esclarecer los hechos ocurridos el 1-O, ya que la jueza considera que la actuación de Trapero el 20 y 21 de septiembre "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron".
15 años de cárcel
El ministerio público también difiere en la interpretación de la jueza de que Trapero podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel por un delito de sedición, según consta en el mencionado auto. La Fiscalía considera que el major, al tener consideración de autoridad, podría ser objeto de una imputación que conlleva una pena de hasta 15 años.
El informe de la Guardia Civil de 5 de octubre menciona también la actuación irregular del superior de Trapero, el director de los Mossos, Pere Soler Campins, que podría ser susceptible de ser citado a declarar como imputado, informan fuentes fiscales.
La hoja de ruta independentista, que no tiene una fecha de elaboración, muestra cómo Junts pel Sí establecía un orden cronológico, cuyo final era la "independencia", que llegaría en última instancia tras "un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado".
El comité ejecutivo para la independencia estaría formado por "profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto, donde indudablemente se encuentra la figura de Trapero", indica la Guardia Civil
Pero, además, esta hoja de ruta informa de la creación de dos comités para pilotar hacia la independencia: uno de ellos, el "ejecutivo", estaría formado por "profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto, donde indudablemente se encuentra la figura de Josep Lluís Trapero", especifica el informe de 5 de octubre, que completa que el jefe de la policía catalana era una de las personas encaminadas a ejecutar el plan.
El segundo comité, denominado "estratégico", tenía como misión "orientar y dirigir" la implantación del plan alineando a todos los actores implicados y haciendo que se movilizaran los recursos humanos y financieros necesarios.
Este comité estratégico estaría formado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero también por los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión provisional y sin fianza desde la noche del lunes por orden de la jueza Carmen Lamela.
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