La Fiscalía ha recurrido este viernes directamente ante la Audiencia Provincial de Granada el auto del titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, en el que se denegaba suspender la ejecución de la pena de Juana Rivas tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.
En una nota informativa emitida desde la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio Público señala que en este caso se cumplen los requisitos legales establecidos en el Código Penal, y que hay otros motivos que fundamentan su puesta en libertad, como que Rivas "ha satisfecho las responsabilidades civiles, tiene un pronóstico de reinserción favorable y ha acatado los fundamentos de la sentencia condenatoria, puesto que ha venido cumpliendo escrupulosamente el régimen de visitas establecido por la justicia italiana".
La Fiscalía aprecia además como dato relevante que el otro progenitor, Francesco Arcuri, haya solicitado también la libertad, así como el hecho de que los tribunales italianos le hayan concedido un amplio régimen de estancia durante el período navideño. "Lo que da muestra de la confianza de esa jurisdicción civil en el ejercicio del derecho de visitas por parte de la Sra. Rivas", dice la nota.
"Interés superior de los niños"
Por otro lado, la Fiscalía valora "de manera muy especial" el superior interés de los niños a recuperar y normalizar la relación con su madre. Y ataca el auto del juez señalando que entiende que las valoraciones y apreciaciones realizadas en el mismo "son puramente personales".
"No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento -no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión-, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno", subraya.
El auto del juez de Granada
Este recurso se suma al ya presentado por la defensa de la madre de Maracena, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, el pasado miércoles y que también era en apelación, es decir, directamente ante la Audiencia Provincial. En el mismo solicitaban la revocación del auto dictado.
Fue el viernes 10 de diciembre cuando se conoció que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazaba suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.
El juez Manuel Piñar alegaba que Rivas, cuya pena tras el indulto ha quedado reducida a un año y tres meses de prisión, "no ha mostrado arrepentimiento". "En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer", mantenía el juez, que incidía además en "el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre", apuntando a supuestos "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".
En concreto, en el razonamiento jurídico segundo señalaba que la plena libertad de la madre supondría un peligro para sus hijos "según se deriva de los datos obrantes en la causa, a los folios 1022 y 3130, que arrojan indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".
Crítica al Gobierno
Para el magistrado, "la ausencia de arrepentimiento y la posterior repetición de la misma conducta indica una predisposición a cometer nuevamente el mismo delito".
El juez en su auto también criticó que tuviera que ser él quien tuviera que decidir sobre la suspensión que pedía Rivas, "pues habiendo sustituido el Poder Ejecutivo al Judicial, concediendo el indulto, debió también pronunciarse sobre las consecuencias que debían regir en el cumplimiento de la restante pena impuesta". Y añadía que así lo habían hecho con la medida que afecta a la patria potestad.
Tras la concesión del indulto parcial, la defensa de Rivas, que ejerce el despacho Aránguez Abogados, en escrito de 19 de noviembre, solicitó la suspensión de la pena que le resta por cumplir en el centro de inserción social Matilde Cantos de Granada.
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