La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que aparte al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la amnistía. El escrito, que firma el fiscal general del Estado, Álvaro García, expone que el jurista, recién llegado al TC, efectuó unas manifestaciones sobre esta ley que le han hecho perder la "apariencia de imparcialidad" para participar en la deliberación de los recursos.
Se trata de un movimiento que, como informó Vozpópuli, se esperaba en el seno del Tribunal Constitucional, especialmente después de que el TC aceptara la abstención del progresista Juan Carlos Campo, quien en las resoluciones de los indultos plasmó que la amnistía era inconstitucional. Ahora la solicitud queda en manos de un Pleno de mayoría progresista que, de admitir la pretensión, provocaría que el bloque conservador se redujera a cuatro magistrados.
El escrito que firma García Ortiz explica que no piden apartarle del debate de la amnistía por sus declaraciones manifiestamente contrarias a la amnistía mientras fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, sino por su "participación directa" en determinadas cuestiones relacionadas con esta norma.
Valoraciones sobre la ley de amnistía
"Se trata, en definitiva, de que el Excmo. Sr. D. José María Macías tuvo participación directa en determinadas actuaciones oficiales de dicho órgano constitucional que, por su objeto y finalidad, pero también por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la Ley de Amnistía cuya constitucionalidad ahora se somete a escrutinio", reza la Fiscalía.
Sus pronunciamientos no constituyen meras manifestaciones aisladas, sino que se contextualizan en la reiterada exteriorización de una corriente de pensamiento radicalmente contraria a la ley de amnistía
El fiscal general, al borde de ser investigado en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, explica que la petición se ciñe a la participación de Macías en la aprobación de diferentes textos del CGPJ que hacen que no se tratarían de manifestaciones aisladas sino de "una corriente de pensamiento radicalmente contraria a la ley de amnistía".
La Fiscalía se refiere a un acuerdo que firmó el CGPJ el 6 de noviembre de año pasado y en un informe sobre esta ley que aprobó el Pleno del Consejo el pasado 21 de marzo. En relación al primero de ellos, consistió en la primera declaración institucional contraria a la norma y se produjo apenas días después de conocerse el pacto entre el Gobierno y sus socios independentistas para garantizar la reelección de Pedro Sánchez.
Sobre ella dice la Fiscalía que "resulta patente" que texto, que contó con el voto favorable de Macías, abordó "prácticamente todas las cuestiones jurídicas" que plantea la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la cuestión de inconstitucionalidad que ahora va a abordar el TC.
Actuación inédita de la Fiscalía
En relación con el segundo pronunciamiento del CGPJ, el fiscal general destaca el hecho de que saliera adelante "a solicitud de la Mesa del Senado, a instancia de los grupos parlamentarios Popular y Mixto".
Tras constatar que el Pleno se pronunció a petición de un órgano donde el Partido Popular ostenta la mayoría, García Ortiz resalta el "valor institucional" de dicho pronunciamiento. "Nos hallamos, por tanto, ya sin duda, ante un acto genuinamente propio del desempeño del cargo público que ostentaba entonces el Excmo. Sr. Macías Castaño", precisa.
"Resulta igualmente obvio, dicha participación no revistió un carácter puramente formal, que por la neutralidad o asepsia de su naturaleza y contenido pudiera considerarse ajena a cualquier incidencia sobre el ámbito material de aplicación de una causa de recusación, sino que, bien al contrario, nuevamente es palmaria la intensa, extensa, detallada y concluyente penetración
de las apreciaciones, valoraciones y razonamientos del citado informe", reitera el escrito de la Fiscalía.
Así pues, la recusación que firma el fiscal general del Estado pasará al Pleno del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Precisamente Macías juró su cargo este mismo mes, propiciando de esta forma que el tribunal de garantías volviera a operar con sus 12 integrantes. Su aterrizaje sumó un voto más al bloque conservador, el cual, desde la renovación del órgano, opera en minoría.
Así pues, se esperaba que la respuesta a la amnistía sumara el voto contrario de los cinco magistrados conservadores. No obstante, esta actuación insólita de la Fiscalía puede inclinar la balanza a que se aparte a Macías, propiciando pues que el bloque conservador reste un respaldo y se quede en cuatro.
Como informó este medio, en la cúpula del TC había temor a que, la abstención de Campo, hiciera peligrar el aval del órgano a la ley del PSOE. Esto es así porque la balanza quedaba seis votos a favor de la ley frente a cinco de los conservadores. De lograr la Fiscalía la recusación a Macías, la amnistía podría salir adelante de manera más holgada.
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