La Fiscalía Superior de Canarias ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Protocolo Territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados publicado hace una semana por el Gobierno de Canarias. En el escrito registrado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Ministerio Público mantiene que el protocolo "vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño", así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.
En consecuencia, el Ministerio fiscal solicita al TSJ de Canarias como medida cautelarísima la suspensión del protocolo propuesto por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, al entender que su ejecución "supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la Comunidad Autónoma".
El protocolo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias pasa por no aceptar en sus centros de acogida a más menores si no han sido correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega. Para el Gobierno central este protocolo se extralimita a la hora de imponer obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vulnera el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Una posición ya defendida por el Ministerio Público en un decreto publicado el pasado viernes, en el que la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ordenaba actuar a los fiscales de las islas si las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado informan de que la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario rechazaba acoger a un menor en alguno de sus centros, siempre que este haya sido "debidamente reseñado". De esta forma, la Fiscalía lanzaba la primera advertencia al Ejecutivo de Clavijo al informar de que los funcionarios responsables podrían ser denunciados por "abandono de menores".
En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha activado la maquinaria para recurrir al Tribunal Constitucional Clavijo y los suyos no cumplen con los protocolos establecidos con anterioridad. El Consejo de Ministros ha acordado este martes solicitar al Consejo de Estado un informe con carácter urgente ante un posible ''conflicto de competencias''. Si el dictamen del Consejo de Estado es favorable a recurrir al órgano de garantías, el Gobierno de España podrá optar por el previo requerimiento formulado al Gobierno Canario para que no aplique el citado Protocolo, o bien, interponer directamente el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Canarias pide más cooperación al Estado
Por su parte, Clavijo plantea abrir un debate jurídico y exige al Estado que ofrezca centros de asistencia inmediata donde poder hospedar a los niños hasta que termine su proceso de identificación. El presidente de Canarias pide colaboración por parte del Gobierno de Sánchez y ha criticado que, lejos de ayudar y cooperar, lo que ha hecho es "amenazar" con recurrir al Tribunal Constitucional o dar instrucciones a la Fiscalía.
En paralelo, el gobierno autonómico se enfrenta al recurso interpuesto por la Red Española de Inmigración ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por posible vulneración de derechos fundamentales. La ONG pretende tumbar el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre, al entender que, además de generar "indefensión" al menor, el Gobierno canario no es competente para adoptar una medida que "no estaba en el orden del día", hecho que "prescinde del procedimiento administrativo habitual y de las medidas de control que el funcionariado puede aportar".
El TSJ de Canarias tendrá que decidir si admitir a trámite o no este escrito que, por el momento, va en la misma línea de los defendido por la Fiscalía. No obstante, si el Estado decidiése presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, el protocolo canario y el procedimiento abierto por la ONG quedarían paralizados.
