La Fiscalía ha presentado tres informes ante el Tribunal Supremo (uno por la causa de Tsunami Democràtic y otro por el procés) en los que pide que la amnistía se aplique a todos los delitos que afectan a estas diligencias. Del mismo modo, reclama a la Sala Segunda del alto tribunal que levante las órdenes de detención dictadas por el magistrado Pablo Llarena contra el líder de Junts y otros acusados en el procés.
El Ministerio Público presenta los escritos un día después de la Junta de Fiscales de Sala en la que el el fiscal general, Álvaro García Ortiz, logró el aval por la mínima a su criterio de amnistiar la malversación del procés. De esta forma, los informes remitidos a petición de la Sala Segunda solicitan que se aplique la amnistía diseñada por el Gobierno con sus socios independentistas sin excepción alguna.
Los escritos sobre la causa del procés los firma la 'número dos' de la Fiscalía, Ángeles Sánchez-Conde, y el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, tras la negativa de los cuatro fiscales del caso a encajar la malversación en la amnistía.
El primero de ellos, relativo a la pieza troncal del procés por la que se juzgó y condenó en 2019 a Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas, solicita que se declare extinguida la responsabilidad penal del líder de ERC, además de Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Amnistía total a todo el procés
Cabe recordar que el Gobierno aplicó un indulto parcial a nueve de los doce condenados, los cuáles, además, vieron modificadas sus penas tras la eliminación del Código Penal del delito de la sedición y la rebaja de la malversación. Ello obligó al Supremo a modificar las condenas por los delitos de desobediencia y malversación, aunque se mantuvieron las inhabilitaciones para ejercer cargo público.
La Fiscalía reconoce que se produjo un "notorio" desvío de fondos públicos con el procés, pero defiende su encaje en la amnistía y dice que no afectó a los intereses financieros. La acusación, ejercida por Vox, se opone
En ese sentido, la Fiscalía que dirige Álvaro García solicita ahora que se borre cualquier responsabilidad por estos delitos, que se archiven las actuaciones por desobediencia para Clara Ponsatí, que se dé por finalizada la ejecución de las penas a los líderes independentistas y que se extingan las responsabilidades civiles y contables derivadas de su condena del procés.
De esta forma, la Fiscalía reclama la aplicación de la amnistía para los condenados por la gran causa contra el independentismo catalán, de manera que quedarían exonerados de cualquier responsabilidad penal económica y, además, podrían volver a primera línea política.
En su informe, la teniente fiscal del Supremo explica que "el hecho de que los delitos sean amnistiados no permite poner en duda la legitimidad de las condenas", las cuáles oscilaron de los 9 años de prisión a los 13 años impuestos a Junqueras. No obstante, considera que el delito de desobediencia tiene encaje en la amnistía y que la malversación, que ha provocado una fractura total en la institución, también debe amnistiarse.
Fiscalía pide levantar la orden de detención
El informe sostiene al respecto que no existió un propósito de enriquecimiento por parte de Junqueras y el resto de condenados por el 1-O y que por, tanto, tiene encaje en la ley de amnistía. "Los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse comprendidos en el ámbito objetivo de aplicación de la ley y, por consiguiente, amnistiados", reza la Fiscalía.
No obstante, el órgano recuerda que es "notorio" que la consulta ilegal del 1-O "fue financiada mediante el desvío de fondos públicos que fueron ilícitamente distraídos". Con todo, entiende que este delito no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y, por tanto debe ser amnistiado.
El segundo de los informes se ha presentado en el marco de las diligencias sobre el procés, relativas a Puigdemont y otros exmiembros de su equipo que no pudieron ser juzgados por fugarse de la Justicia. En esta derivada, la 'número dos' de García Ortiz se pronuncia en términos muy similares aunque solicita, además, que se levanten las órdenes de detención que mantiene vigentes el instructor de la causa, Pablo Llarena.
Amnistía también del terrorismo
El tercero de los informes, que firma únicamente Sánchez-Conde, se remite a la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, por ser la instructora de la causa contra Carles Puigdemont por su "rol de liderazgo" en Tsunami Democràtic. En línea con la tesis de García Ortiz, la teniente fiscal sostiene que el delito de terrorismo que se le atribuye en estas diligencias abiertas en febrero también debe amnistiarse puesto que tiene encaje en la nueva norma.
"No hay duda de que los hechos investigados en la presente causa son incardinables en el ámbito objetivo de la Ley Orgánica 1/2024 pues se encuentran dentro de los límites temporales afectados por ella y entre los actos susceptibles de ser encuadrados como amnistiables en el artículo 1 de la misma", reza la Fiscalía.
Por su parte, la acusación popular que ejerce Vox en estos procedimientos se ha opuesto a otorgar la amnistía a todos los líderes independentistas. Ahora, los escritos están en la mesa del tribunal que juzgó el procés, del magistrado Pablo Llarena y la magistrada Susana Polo, que son los tendrán la última palabra acerca de la aplicabilidad o no de la ley para estos delitos.
En ese sentido, y como informó Vozpópuli, los magistrados se abren ya al análisis de los delitos si bien no se estudiarán por bloques compactos de procedimientos, sino que se abordará la desobediencia, la malversación de caudales públicos y el terrorismo de manera separada.
