Nuevo choque entre la Fiscalía y el juez que instruye la causa de Tsunami Democràtic. El Ministerio Fiscal ha recurrido la última decisión de calado del magistrado Manuel García Castellón acerca de derivar el procedimiento al Tribunal Supremo por delito de terrorismo. Al respecto sostiene que la decisión "carece de fundamento alguno".
La Fiscalía acusa al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de incurrir en una "flagrante contradicción" con el auto por el cual pide a la Sala de lo Penal que asuma el caso de Tsunami Democràtic. Al hilo considera que con este pronunciamiento corrige su criterio inicial de mantener la causa en la Audiencia aunque entre los imputados hubiera dos aforados.
El instructor imputó en la causa a una docena de personas, entre las que se encuentran Carles Puigdemont y Marta Rovira, por presunto delito de terrorismo. En su auto explicó que, aunque Puigdemont ostenta la condición de aforado y también el diputado de ERC Rubén Wagensberg, prefería mantener las diligencias en el órgano donde nacieron hace cuatro años para seguir avanzando en las pesquisas.
El criterio de la Fiscalía
Sin embargo, esta misma semana decidió remitir la causa a la Sala de lo Penal del alto tribunal en respuesta a la petición de la asociación Dignidad y Justicia, que entendió que la condición de aforados de los dos imputados hacía necesario que la instrucción siga en el órgano competente para ello.
Este nuevo criterio ha sido recurrido por la Fiscalía que ahora explica en su recurso que la remisión de la exposición razonada "viene a ser una suerte de reforma de oficio" de su anterior resolución "sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados".
Se trata de un nuevo choque entre la principal acusación del caso Tsunami y el magistrado instructor ya que tampoco coinciden en la calificación de los hechos. La Fiscalía ha recurrido recientemente ante la Sala de lo Penal la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de implicados en la causa al considerar que los hechos no serían constitutivos de este delito.
El Ministerio Público entiende que la investigación, que pivota sobre las acciones más radicales de la plataforma en El Prat o en la AP-7 entre octubre y noviembre de 2019, no pasarían de desórdenes públicos graves. Por ello ha recurrido el criterio del magistrado directamente ante la Sala de lo Penal, para que esta resuelva sobre el asunto. De darle la razón a la Fiscalía, la Audiencia Nacional perdería la competencia de la instrucción y toda la causa recalaría en los juzgados de instrucción catalanes.
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