La Fiscalía se alinea con Podemos en la causa abierta en el Tribunal Constitucional por la reforma de Pedro Sánchez. El Ministerio Público ha solicitado al tribunal de garantías que se abstengan dos magistrados al considerar que la votación les afecta de manera directa. De esta forma busca que se aparten del Pleno convocado con urgencia para las 19.00 de este miércoles en el que se decidirá si se mantiene o no la paralización de la reforma del Gobierno.
El Ministerio Público ha presentado un escrito de alegaciones en el que solicita que se aparten el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez con carácter previo al debate de la impugnación del Senado. Al igual que defiende Podemos, entiende que hay una incuestionable vinculación directa de ambos miembros del TC con el objeto que se aborda este miércoles, según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli.
La petición ya la puso sobre la mesa Podemos la pasada semana y a la misma se adhirió el PSOE. Los dos socios de Gobierno presentaron escritos de alegaciones al Tribunal Constitucional al conocer que el PP pidió como medida cautelarísima que se frenara la tramitación de la reforma de Sánchez en el Congreso. En sus escritos solicitaron además, que dos de sus miembros no participaran en el Pleno convocado inicialmente para el jueves.
La Fiscalía, con Podemos
El motivo esgrimido es que la reforma les afecta de manera directa ya que su entrada en vigor implicaría el aterrizaje en el Constitucional de los candidatos del Gobierno y la consecuente salida de Trevijano y Narváez, a quienes les eligió el Ejecutivo del PP en 2013. La formación morada buscaba también un cambio de sensibilidad en el Tribunal ya que, de haber prosperado su petición, el asunto lo hubieran resuelto un total de 9 miembros, siendo cinco de ellos (y por tanto mayoría) de corte progresista.
La Fiscalía sostiene que el TC actuó con premura al suspender la tramitación de la norma de Sánchez y dice que sienta un precedente peligroso
El Pleno reunido el pasado lunes abordó esta cuestión y declinó la petición. El grupo de los seis vocales conservadores (que todavía son mayoría en el Constitucional) descartó admitir la petición de Podemos. En el auto firmado ya la noche del lunes explicaron que las partes todavía no estaban legitimadas para actuar en esta causa, por lo que se acordó finalmente postergar la decisión y dar prioridad a la resolución de la cautelarísima que, por su carácter de urgencia, se resuelve sin escuchar a las partes.
Ahora que ya se ha dado traslado al resto de actores, el Senado ha entrado en escena para pedir que se impugne la decisión del lunes. La solicitud ha provocado la convocatoria de urgencia del Pleno ya que la cámara alta necesita una respuesta antes de este jueves, cuando el Senado delibera sobre la reforma de Sánchez. De la votación se han apartado las dos enmiendas vetadas por el Constitucional, de manera que lo busca la cámara es que se vuelvan a incluir y se apruebe la reforma en su totalidad.
"Un precedente peligroso"
Ahora la Fiscalía del TC se adhiere a la petición de Podemos y pide que se abra incidente de recusación. Además, valora por primera vez la inédita decisión del lunes, cuando el Constitucional prohibió por primera vez en su historia la tramitación de estas dos enmiendas en el Senado. Al respecto apunta que la cuestión se solventó "con premura" y que la inexistencia de antecedentes alerta "del peligro de que esta actuación establezca un precedente".
A mayores, el órgano que dirige Álvaro García también reprocha al tribunal de garantías que solo conozca la parte dispositiva del auto que se redactó el pasado lunes, tras 11 horas de Pleno a puerta cerrada. Entonces los magistrados acordaron dar traslado de la decisión al Ministerio Público y dieron un plazo de 10 días al Congreso para que aporte con carácter de urgencia certificación de todo el material relativo a la tramitación de la reforma.
Así pues, en la reunión que ha empezado pasadas las 19.00 horas, los magistrados tendrán que abordar antes que nada el asunto relativo a la recusación de estos dos magistrados conservadores y, tras ello, la impugnación del Senado. La mayoría del TC mantiene el criterio de que las dos enmiendas del PSOE adheridas a la derogación de la sedición no pueden votarse en las Cortes porque no guardan relación con el objeto de la ley y porque, al tramitarse por la vía de urgencia y sin escuchar a los órganos pertinentes, se vulneraron los derechos de la minoría del Congreso.
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