La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha pedido más tiempo al órgano para poder emitir su informe sobre si procede o no estimar los recursos de José Antonio Griñán y el resto de condenados por los ERE. El Ministerio Público reclama más plazo ante la complejidad del asunto y el volumen del mismo, teniendo en cuenta el ingente material a revisar antes de pronunciarse sobre esta cuestión.
Así lo confirman fuentes fiscales a Vozpópuli, las cuáles indican que el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, ha solicitado una ampliación del plazo de 30 días. De esta forma tendrían tiempo para efectuar sus alegaciones hasta principios de enero, por lo que se cumple lo expuesto hace apenas unos días por el propio TC acerca de que el asunto no se podrá deliberar antes del próximo verano.
Sobre la mesa se encuentran los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otra decena de condenados por la trama de los ERE con la que se defraudaron 700 millones de euros a las arcas públicas. Las fuentes consultadas explican que los recursos de amparo son diferentes entre sí, lo que hace necesario un informe de la Fiscalía por cada uno de ellos.
El indulto de Griñán
Algunos de los condenados denuncian que el Tribunal Supremo, que confirmó la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha reescrito el fallo inicial. Al hilo sostienen que con la alteración de algunos preceptos se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Otros apelan a vulneración de derechos de defensa, de la presunción de inocencia o a un proceso con todas las garantías.
Griñán -a quien el Supremo le confirmó seis años de prisión por prevaricación y malversación- recurrió su condena en amparo el pasado mes de abril. El exdirigente del PSOE acudió al TC en paralelo a la petición de indulto que presentó su familia ante el Gobierno. Su entorno alega que ni consintió ni estuvo al tanto de la trama de corrupción andaluza que supuso un desfalco masivo de las ayudas destinadas a parados.
Al respecto cabe recordar que el Ejecutivo en funciones ha comenzado el trámite de las gestiones para estudiar si concede la medida de gracia a un total de nueve condenados. Así pues, en paralelo a la deliberación en el TC de los recursos de amparo, el Ministerio de Justicia ya se ha dirigido a la Audiencia de Sevilla por ser el tribunal que les condenó, para que informe sobre si es favorable a concederlos.
Este órgano, por su parte, ha dado orden de recabar la hoja histórico-penal, así como el informe de conducta de cada uno de los condenados que han solicitado el indulto. La ausencia de una deliberación a corto plazo por parte del Constitucional hace prever que podría coincidir con un hipotético indulto que estaría estudiando el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.
Con todo, desde Justicia insistieron en que estando el Gobierno en funciones únicamente activaban el trámite previsto en la ley de 1882 que regula los indultos; esto es: recabar informe del tribunal sentenciador, de la prisión y de la Fiscalía. Se trata de documentos no vinculantes pero que de ser contrarios a la petición cerrarían la puerta a que Moncloa les otorgue un indulto total.
El complejo caso de los ERE
Por su parte, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido admitió a trámite los recursos el pasado mes de junio. El trámite vino acompañado de polémica ya que estaba fijado para el 22 de mayo, pero su proximidad con los comicios municipales hizo que se retrasara unas semanas.
En junio, la Sala Segunda que preside la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán dio luz verde a la admisión de los recursos de Griñán, Chaves, la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y otros nueve condenados más. Entre ellos se encuentran el exconsejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y la que fuera su homóloga en Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
El Constitucional admitió en junio los recursos de Griñán y Chaves con el respaldo de la mayoría progresista de la Sala Segunda. Los dos magistrados conservadores formularon voto particular
En el estudio se impuso la mayoría progresista, mientras que sus dos miembros conservadores formularon voto particular. El TC explicó que los admitía a trámite al apreciar motivos de "especial trascendencia constitucional" dado que los recursos planteaban problemas jurídicos que afectan a una faceta del derecho sobre la que no hay doctrina constitucional. Además, alegaron que planteaban una cuestión jurídica "relevante" que tiene consecuencias políticas generales.
No obstante desestimaron la petición de suspenderles la pena de prisión, en consonancia con lo informado por la Fiscalía. Los magistrados discrepantes formularon voto particular en el que rebatieron la tesis de la mayoría progresista y precisaron que la "queja nuclear" que planteaban los condenados en esos recursos radicaba en una presunta vulneración del derecho a la legalidad penal; esto es, un asunto que no trasciende la esfera de la mera legalidad ordinaria.
En lo que respecta a la trascendencia de la materia precisaron que este mismo TC ha inadmitido recursos de temas políticos también mediáticos y complejos, como el caso Nóos por el que fue condenado Iñaki Urdangarín. En esos temas, sostienen, no se aplicó el mismo criterio que en el caso de los ERE.
Griñán, fuera de prisión
Con todo, los condenados a las penas de cárcel más elevadas ingresaron en prisión después de que el Supremo confirmara el fallo hace ahora un año. No ocurrió así para Griñán. Su defensa pidió que se suspendiera el trámite por el cáncer que parece.
En un primer momento la Fiscalía Anticorrupción se opuso apelando a la gravedad de los delitos y a la alta pena impuesta, si bien tras adherir los informes forenses, desistió de su solicitud. Finalmente la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en la cárcel en junio por un plazo de cinco años.
Cabe recordar que el Supremo concluyó que Griñán, primero como consejero de Hacienda y luego como presidente de la Junta, "intervino en la dotación de fondos" pese a que pudo haber evitado el desfalco. El fallo fue especialmente duro al determinar que se actuó "libérrimamente" y en ausencia de todo tipo de control".
"Griñán sabía que las transferencias de financiación eran un instrumento ilegal, que sirvió para eludir los necesarios controles y también que en esta gestión se incumplió de forma absoluta el procedimiento", plasmó el fallo.
El mismo contó con el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, al que se adhirió Susana Polo y en el que apuntaron que no había soporte probatorio ni factico para condenar a Griñán. Precisamente en este voto particular se escudan muchos de los recursos de amparo ante el TC sobre los que ahora tiene que pronunciarse la Fiscalía de este órgano.
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