Tras el dictamen del TGUE sobre la pérdida de inmunidad de Carles Puigdemont, el foco se pone ahora en la reactivación de las euroórdenes para detenerle. Se trata de una diligencia que solo pueden pedir la Abogacía General del Estado o la Fiscalía del Tribunal Supremo al frente de la causa del procés. Así pues, el laberinto jurídico en el que vive el expresidente catalán desde su fuga en octubre de 2017 queda, por el momento, en manos del Ministerio Público.
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que los fiscales del procés tienen ahora que estudiar el pronunciamiento de la Justicia europea para poder actuar en uno u otro sentido. El TGUE asestó un duro golpe al expresidente de la Generalitat al inadmitir su recurso contra la retirada de su inmunidad como parlamentario europeo. De esta forma confirmaba la decisión que tomó la Eurocámara hace dos años tanto para el político independentista como para sus exconsejeros Antonio Comín y Clara Ponsatí.
La sentencia del TGUE no es firme. Ahora Puigdemont tiene un plazo de dos meses y 10 días para recurrir el fallo ante la instancia superior: el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y éste, a su vez, cuenta con meses por delante para pronunciarse bien confirmando el criterio del Tribunal General o bien revocándolo y dando la razón a los líderes independentistas.
El futuro de Puigdemont
Con todo, esta primera sentencia abre el camino a volver a reactivar las órdenes internacionales de detención que estaban suspendidas precisamente a la espera de los pronunciamientos de Europa. Aunque la última palabra aquí la tiene el magistrado que instruye el procés, Pablo Llarena, la llave de la solicitud pende de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la acusación particular que ejerce la Abogacía General del Estado.
Al respecto, las fuentes consultadas por este medio explican que se tiene que estudiar a fondo el fallo del Tribunal General antes de dirigirse a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En concreto, abordarán la cuestión los fiscales que juzgaron a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas por sedición y que también han seguido la causa contra los procesados fugados. Se trata de Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno.
En la actualidad Puigdemont tiene libertad de movimiento fuera de España puesto que el instructor del procés tenía suspendidas las euroórdenes a la espera de que el TJUE se pronunciara sobre la cuestión prejudicial planteada a Bruselas y también a la espera de la resolución del TGUE que se conocía este miércoles.
El último movimiento al respecto se produjo a mediados de enero, cuando Llarena modificó los delitos por los que tiene procesado desde 2018 a Puigdemont a tenor de la derogación de la sedición. El cambio del marco penológico impulsado por el Ejecutivo propició que retirara este delito y le acusara por desobediencia y malversación. En consecuencia dejó sin efecto las órdenes internacionales de detención vigentes y mantuvo solo la orden de busca y captura en nuestras fronteras por los delitos vigentes.
Ya entonces, el magistrado de la Sala de lo Penal expuso que la emisión de nuevas euroórdenes quedaban congeladas a la espera de lo que resolviera la Justicia europea. Medio año después, tanto el TJUE como el TGUE han fallado a favor del alto tribunal. A finales de enero, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la negativa de Bélgica de entregar a Lluís Puig.
El asunto se ceñía al exconsejero de cultura catalán aunque el resultado era de aplicación directa para el caso de Puigdemont, también fugado de la Justicia tras ser citado en octubre de 2017 por la Audiencia Nacional para declarar por el referéndum ilegal. Al respecto el TJUE determinó que ningún país miembro puede negarse a ejecutar una orden de extradición a menos que acredite que se van a vulnerar los derechos de la persona solicitada.
Doble triunfo en Europa
Así pues, determinó que no se puede negar una entrega como hizo Bélgica con Puigdemont basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional o en una hipotética vulneración de derechos. La resolución trae causa de la negativa de Bélgica a entregar al exconseller Puig en enero de 2021 por malversación. Bruselas alegó que se vulnerarían sus derechos cuando quedara a disposición del Tribunal Supremo y que éste no era el competente para enjuiciar el procés, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Resuelta la primera cuestión, quedaba pendiente que el TGUE se pronunciara sobre la inmunidad que le retiró el Parlamento Europeo en 2021. Con todo, en este segundo escenario todavía cabe la posibilidad de que se interponga recurso; diligencia que Puigdemont efectuará, tal y como confirmó minutos después de hacerse público el fallo. Su abogado, Gonzalo Boye, también hizo lo propio a través de su cuenta personal de Twitter.
Así pues, el escenario que se abre ahora para Puigdemont es incierto. De no actuar el alto tribunal, el político independentista puede seguir con libertad de movimiento fuera de España. Ahora bien, de reactivar la petición de entrega, el escenario se complicaría, aunque su extradición no estaría del todo garantizada puesto que la resolución del TGUE no es firme y ya se ha formalizado el anuncio de que se va a recurrir.
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