La Fiscalía del Principado de Asturias ha concluido que UGT usó en Asturias las mismas argucias detectadas en Andalucía para defraudar las subvenciones que recibía de los cursos de formación. En ambos casos, y según las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el sindicato habría recurrido al Instituto de Formación y Estudios Sociales para cometer un presunto fraude que, según las pesquisas, superaría los 42,2 millones de euros, de los que 1,5 millones los habría abonado el Gobierno asturiano y el resto, 41,7, la Junta de Andalucía. Estas ayudas fueron cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Este lunes el ministerio público ha reclamado que se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica a UGT-Asturias al concluir que en las subvenciones concedidas entre 2010 y 2014 a este sindicato y a la fundación IFES se llevó a cabo, “en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical”, según una nota de prensa.
La causa de los cursos de formación en Asturias tiene su origen en unas pesquisas llevadas a cabo por agentes de la UCO de la Guardia Civil, quienes habían sido alertados de que UGT podría haber reproducido en Asturias las actuaciones presuntamente irregulares ya detectadas en los cursos de formación del sindicato en Andalucía.
Fue entonces cuando los agentes de la Guardia Civil realizaron una investigación más profunda que se plasmó en un informe de diciembre de 2014 que convenció al Ministerio Fiscal, que acabó denunciando los hechos ante la Justicia asturiana.
Ocultaron gastos
En ambos casos, en Sevilla y en Oviedo, los responsables de UGT llevaron a cabo diversos “subterfugios” para “enmascarar” los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones: “Ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”, en el caso de Asturias el Gobierno socialista del Principado.
La Fiscalía destaca que en Asturias el desvío “sistemático” de fondos se llevó a cabo mediante el aprovechamiento instrumental de varias sociedades vinculadas con UGT, tanto a nivel confederal como en el ámbito regional.
Recurrían a estas empresas para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional, con las que amañaban los precios pagados. En concreto, estas empresas, vinculadas al sindicato, eran las que aportaban los libros y los locales para los cursos, aunque con precios inflados.
Con estas maniobras, UGT logró unos beneficios que en el caso de Asturias fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.
Villa, condenado
En el caso de Asturias, la Fiscalía considera que solo se puede perseguir a UGT, como persona jurídica, por el fraude cometido en 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. El ministerio público no considera procedente formular acusación contra la fundación IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.
La decisión de la Fiscalía asturiana de acusar a UGT-Asturias se produce un año después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias condenara al histórico dirigente del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, a tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de aprobación indebida de fondos del sindicato minero.
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