España

La Fiscalía se opone a la concesión del tercer grado a Urdangarin

El ministerio público no ve "suficiente evolución" en el ex duque de Palma

La Fiscalía de Valladolid ha comunicado este miércoles su oposición a la concesión del tercer grado a Iñaki Urdangarin debido a que "denota una evolución favorable", pero "no suficiente para su progresión", según informa El Confidencial.

El pasado 3 de julio el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, Florencio De Marcos,  comunicaba su decisión de conceder la 'semilibertad' al ex duque de Palma.

El magistrado justificó su dictamen alegando que el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera obtuvo antes este régimen de semilibertad y aprovechó su resolución para denunciar el trato de favor que tuvo durante su paso por la cárcel el condenado en su día por los GAL. 

Únicamente permisos de salida ordinarios 

El ex duque de Palma lleva cumplidos dos años y dos meses de una condena que asciende a cinco años y diez meses, lo que representa más de un tercio de condena, aunque para acceder al tercer grado, el recluso tiene que haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, algo que no cumplirá hasta finales de 2022.

El fiscal indica que "lo cierto es que no ha cumplido todavía la mitad de su condena" y, por ello, únicamente se le permite acceder a permisos de salida ordinarios.

En el auto al que ha tenido dicho rotativo, la Fiscalía agrega que al marido de Cristina de Borbón se le impuso como obligación en su condena "reparar el daño" y devolver las cantidades monetarias para lo que Urdangarin "ningún esfuerzo ha hecho en éste sentido".

"Lógicas ventajas"  

El Tribunal Supremo condenó a Iñaki Urdangarín en 2018 a cinco años y diez meses por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el 'Caso Nóos'Una condena que inicialmente era de seis años y tres meses de prisión y que posteriormente fue reducida 5 meses.

El exduque y cuñado del rey emérito, se encuentra "aislado" en un módulo de la prisión de mujeres de Brieva, en Ávila. Algo que para el juez Florencio De Marcos, supondría un “trato de favor”, “prevaricación” e incluso "malversación de caudales públicos”. No obstante, aclaró que posteriormente instituciones penitenciarias respondió a que se debe a un interés de preservar su seguridad.

La Fiscalía por su parte, discrepa del criterio del magistrado ya que de esa "soledad" no gozan los demás presos no corresponde a aislamiento e incluso podría proporcionarle lógicas ventajas.

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