El Tribunal Supremo ha enviado hoy a prisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su liderazgo en el proceso independentista, aunque, una vez que se ha desmarcado de la vía unilateral para la independencia, le ha fijado una fianza de 150.000 euros que le permitirá salir de la cárcel.
Así lo ha acordado hoy el magistrado del Supremo Pablo Llanera, que también ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los otros cuatro miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (del PDeCAT) y Anna Simó (ERC), mientras que ha dejado en libertad a Joan Josep Nuet (CSQP), el único de ellos que votó en contra de tramitar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.
A la espera de que aporte su fianza, Forcadell, que forjó su liderazgo en el independentismo al frente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pasará la noche en la prisión de Alcalá Meco, una semana después de que la Audiencia Nacional dictara prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consellers del gobierno de Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica.
Forcadell, que hoy compartirá presidio con las exconselleras Dolors Bassa y Meritxell Borràs, saldrá previsiblemente mañana cuando abone la fianza de 150.000 euros.
Todo ello a pesar de que la Fiscalía había pedido prisión incondicional por los delitos de rebelión, sedición y malversación para ella, Corominas, Guimó y Simó.
La cuestión es que la presidenta de la cámara catalana ha acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ha desmarcado de la vía unilateral hacia la independencia, al asegurar en su último turno de palabra que renunciaba a cualquier actuación futura fuera del marco de la Constitución.
Los otros investigados también se han desmarcado ante el juez de la vía unilateral, e incluso Ramona Barrufet (PDeCAT), que era secretaria de la Mesa cuando se tramitó la declaración unilateral de independencia, ha ido más lejos y ha sostenido que el referéndum del 1-O no tuvo validez por falta de garantías.
En el auto en el que ha fijado sus medidas cautelares, el juez Llarena expone que, en sus declaraciones de hoy, no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que "o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
El magistrado atribuye a Forcadell una "actuación principal" en el proceso independentista, tanto "por su intervención medular" en él como "por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido".
El magistrado recuerda que Forcadell ocupó la presidencia de la Assemblea Nacional Catalana, "desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza".
"Una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament de Cataluña, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba", añade el juez.
A Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, el juez les ha dado una semana de plazo para abonar la fianza de 25.000 euros y les ha impedido salir de España, les ha retirado el pasaporte y les ha ordenado comparecer semanalmente en el juzgado.
Por el contrario, la juez no ha adoptado medida cautelar alguna contra Nuet, el único no independentista de los investigados, después de que este haya aportado en su declaración las actas de las reuniones de la Mesa para demostrar, en contra de lo que le acusa la Fiscalía, que no apoyó tramitar la declaración unilateral de independencia (DUI).
En un cambio de estrategia, los cinco miembros de JxS en la Mesa del Parlament han respondido hoy durante su comparecencia ante el Supremo a las preguntas de todas las partes, incluida la Fiscalía, cosa que no habían hecho en las dos ocasiones previas en las que habían sido citados como investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Paralelamente, el magistrado Llarena ha alegado en un auto que no existe ninguna prueba que acredite que el 1-O supuso un gasto público de 6,2 millones de euros y ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una fianza por esa cantidad a los seis investigados a los que ha tomado declaración hoy.
Y además ha reclamado al TSJC que le remita la causa que tiene abierta contra los miembros de la Mesa del Parlament para integrarla en la que él ha abierto, lo que puede constituir un primer paso para que el Supremo termine asumiendo todas las investigaciones abiertas por el proceso soberanista.
La nueva estrategia de los investigados en el TS ha coincidido con la decisión de los exconsellers de PDeCAT encarcelados por la Audiencia Nacional (Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs) de cambiar de abogado y renunciar al letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que sigue llevando al expresidente catalán Carles Puigdemont.
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