La expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell evitará al juez de Vigilancia Penitenciaria que defendía remitir al Tribunal Supremo la decisión final sobre sus salidas de prisión en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La Consellería de Justicia de la Generalitat ha anunciado este lunes que la ex dirigente independentista será trasladada desde la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, a la de Wad Ras de Barcelona por “razones de vinculación familiar”.
La cárcel de Tarragona en la que estaba Forcadell depende del Juzgado de Vigilancia número 3 de Cataluña que dirige José Ignacio Félez. Este magistrado dio el visto bueno a que saliera varias veces por semana de la cárcel en virtud del artículo 100.2 que le propuso el centro penitenciario. No obstante, en su auto ya dejaba claro que, en caso de que la Fiscalía presentase recurso, el órgano que tiene la última palabra es el tribunal sentenciador, es decir, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que condenó a Forcadell por sedición a 11 años y medio.
Existe un debate jurídico entre los jueces de vigilancia penitenciaria. Lo habitual es que los recursos se presenten, no ante el tribunal sentenciador, sino ante las Audiencias Provinciales del lugar en el que se encuentre la prisión. Igual que el juez de Tarragona opina el magistrado de Valladolid que tuvo que decidir hace meses sobre las salidas de prisión en fin de semana del ex duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
El precedente Urdangarin
El argumento es que, aunque no cambien de grado penitenciario, un 100.2 provoca un cambio profundo en la vida de un preso y deben decidirlo los jueces que le condenaron. En el caso de Iñaki Urdangarin fue la Audiencia de Palma la que tomó la decisión final pese a que el preso se encuentra en la cárcel Ávila.
Ahora Forcadell pasa a una nueva prisión en otra provincia y dependerá de otro juez de vigilancia penitenciaria. La Consellería de Justicia informa en su comunicación que la expresidenta del Parlament necesitará una nueva propuesta de 100.2 en la cárcel a la que será trasladada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirman a este periódico que esto supone empezar de cero con otro juez, aunque el recurso de la Fiscalía contra el 100.2 de la cárcel de Tarragona pueda seguir su curso.
Fuentes fiscales informan de que, por el momento, solo se había recurrido en reforma, es decir, ante el propio juez antes de que se paralizasen los plazos por la pandemia. El magistrado de vigilancia no había contestado todavía.
El Tribunal Supremo sigue de cerca la evolución de los líderes independentistas que cumplen su condena en cárceles catalanas. Todos ellos gozan de salidas periódicas en virtud de los beneficios penitenciarios que se les han ido concediendo por parte de la Administración. El reglamento penitenciario es el mismo en todo el Estado, pero Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias penitenciarias.
A finales de marzo, durante la pandemia, desde la Generalitat se especuló con la posibilidad de enviar a los presos independentistas condenados por el procés a seguir cumpliendo su pena en casa para evitar el riesgo de contagio. El Tribunal Supremo tardó apenas unas horas en emitir un comunicado en el que avisaba de las posibles consecuencias penales para los funcionarios que firmasen esa orden de salida. La propuesta finalmente no se llevó a cabo por parte de la Consellería.
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