La guerra de Ucrania va camino de cumplir su primer aniversario y los coletazos del conflicto se extienden a España. Nuestro país está implicado en una serie de compromisos con sus aliados, que van desde el envío de material armamentístico a Kiev hasta la concesión de protección temporal a los ciudadanos que huyen del conflicto. Pero también hay una parte relacionada con la imposición de sanciones a Rusia y a los oligarcas sospechosos de brindar apoyo a Vladímir Putin. Desde que entrasen en vigor las medidas, las autoridades españolas han intervenido una fortuna a éstos últimos, en la que se incluyen fondos y bienes materiales.
La labor no ha sido sencilla, toda vez que algunos de estos oligarcas ocultaban su fortuna a través de una red de testaferros y familiares que dificultaba su rastreo. Al comienzo de la guerra, la Unión Europea identificó una larga lista de ciudadanos rusos a los que se les imponían sanciones, al constatar que mantendrían vínculos directos con el Kremlin. De este modo se pretendía generar una situación de asfixia para el país invasor y minimizar el impacto de la maquinaria financiera que alimenta la guerra.
Las consecuencias de estas sanciones han alcanzado España, donde Guardia Civil y Policía Nacional siguen el rastro de oligarcas rusos y sociedades sancionados. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) cuenta con un Grupo de Trabajo de seguimiento de la implementación de las medidas, encargado de monitorizar y contabilizar los bienes intervenidos al colectivo próximo a Putin.
Los bienes intervenidos
En su última actualización, el DSN afirma que la decisión se ha tomado “en aplicación de los reglamentos europeos adoptados con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia”. Hasta la fecha se han inmovilizado 65 fondos, entre los que se incluyen cuentas corrientes, acciones y otros valores similares. Además se han intervenido 54 inmuebles, cinco embarcaciones y cuatro aeronaves.
Uno de los primeros bienes intervenidos en España fue el llamativo megayate Valerie, de 85 metros de esolar, atracado en un astillero de Barcelona, cuya propiedad se atribuye a Sergey Viktorovich Chemezov, antiguo militar y excompañero en el KGB de Vladímir Putin, tal y como informó La Vanguardia. Desde entonces, las autoridades han continuado con su labor de congelar los bienes de personas o sociedades sancionadas por la Unión Europea o Estados Unidos.
Como detalló Vozpópuli, el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) del Colegio de Registradores colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el rastreo de todos los bienes y fondos, aunque la existencia de sociedades pantalla y testaferros ha trabado las labores de los investigadores.
Más cifras en España
Además de la relación de bienes intervenidos, la última actualización del DSN incluye otras cifras del trabajo que se desarrolla en España en relación con la guerra de Ucrania. Hasta la fecha, se ha concedido protección temporal a 164.023 personas afectadas por el conflicto, lo que coloca a nuestro país en el quinto puesto de la Unión Europea con un mayor número de concesiones. Además se han escolarizado a 37.198 estudiantes ucranianos y expedido 74.733 tarjetas sanitarias individuales.
Todos los esfuerzos relacionados con la guerra de Ucrania se coordinan en una serie de grupos de trabajo al amparo del DSN, que cuenta con la coordinación de todos los Ministerios para abordar diferentes cuestiones derivadas de la invasión: establecer un plan de choque de ciberseguridad en al ámbito nacional; analizar las citadas sanciones aprobadas por la Unión Europea y por España; gestionar la recepción y acogida de los desplazados temporales; dar continuidad al plan de contingencia en el ámbito energético; y colaborar en la reconstrucción de Ucrania.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación