Nuevo imputado en la investigación al BBVA por el caso Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha decidido citar como investigado al actual jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. El instructor al frente de la macrocausa de espionaje corrige su decisión inicial y decide imputarle a tenor de las conclusiones recogidas por el forensic elaborado por PwC para el banco que apuntaron a un espionaje del abogado Felipe Izquierdo.
En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado explica que es "necesario" citarle para que explique su participación en unos posibles seguimientos a este letrado catalán. El juez detalla que "no opera como una mera correa de transmisión de las partes, sino que estudia y decide con una finalidad concreta". Por eso desestima la pretensión del abogado de imponer una fianza de dos millones de euros a FG, al propio banco y al que fuera director del gabinete de Presidencia, pero sí acuerda citarle como imputado.
Según detalla, existen indicios de la participación de Gortari en el control a este abogado que ejerce de acusación en muchas causas de tinten bancario como el caso Popular. El forensic concluyó que se habían identificado documentos durante la revisión de cajas asociadas a Presidencia que evidenciaban "averiguaciones realizadas en marzo de 2014, con el posible conocimiento de don Joaquín Gortari, sobre aspectos profesionales y personales del abogado Felipe Izquierdo, haciendo uso de información que previsiblemente provendría de fuentes cerradas y figurando un informe de inteligencia con carácter anónimo".
La auditoría de PwC también identificó a la mano derecha de FG en el banco como receptor de comunicaciones internas en las que se haría referencia a investigaciones de índole patrimonial que afectaban al entonces presidente de la entidad entre los años 2013 y 2014. Todo ello llevó a Felipe Izquierdo a querellarse contra Gortari. El magistrado denegó citarle como investigado el pasado mes de abril pero ahora, tras estudiar el recurso interpuesto por el letrado, cambia de opinión.
Lo hace frente al criterio del propio Gortari -al que la entidad abrió expediente sancionador que archivó sin consecuencias- y de FG. El jefe de auditoría remitió un escrito en el que se puso a disposición del juzgado aunque negó las acusaciones. El antecesor de Carlos Torres en la presidencia de la entidad, por su parte, no solo impugnó el recurso sino que dijo que había tergiversado "de forma malintencionada" la realidad. "De las manifestaciones de Gortari no puede desprenderse evidencia ni directa ni indirecta que apunte a que Don Francisco González tuviese algún tipo de participación en un presunto encargo a Cenyt", alegó.
FG pide alargar la investigación
Este movimiento del magistrado se produce coincidiendo con la petición de Francisco González de seguir investigando estos hechos, pese a figurar como investigado. Tanto es así que ha optado por respaldar que se amplíe un mínimo de seis meses más esta línea separada de investigación alegando que todavía quedan pruebas determinantes por practicar y que podrían implicar un cambio de rumbo en esta causa. Entre ellas incluso destacó la relativa a la petición de imputación de Gortari que ahora acaba de resolver el magistrado. Cabe recordar que el banquero también ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia y que accedió a ser interrogado cuando la causa todavía estaba bajo secreto de sumario.
En un escrito separado y recogido por este diario, la defensa de González enumera cerca de una decena de diligencias que todavía están pendientes de resolverse. El que fuera presidente del BBVA, que se ha desligado en todo momento de estos contratos llegando incluso a pedir su salida de la causa, no opta por pedir el fin de la investigación, como suelen hacer la mayoría de imputados en estos casos, sino quiere que se esclarezcan todos los flecos que envuelven a las contrataciones por las que el banco abonó 10,3 millones de euros en un periodo de 13 años.
De este modo, se alinea con la postura de la Fiscalía Anticorrupción que recientemente solicitó al magistrado Manuel García Castellón más actuaciones para ahondar en la cadena de mando de los encargos. Tal y como informó este diario, los fiscales vieron conveniente tomar declaración a la exjefa de servicios jurídicos, María Jesús Arribas, para que aportara más detalles sobre el proceso de pagos al entramado del policía y que el banco atribuye al departamento dirigido entonces por el exdirectivo Antonio Béjar.
Choque entre el juez y la Fiscalía
El también expresidente de Distrito Castellana Norte niega haber autorizado los pagos al Grupo Cenyt. Un hecho que motivó que los fiscales solicitaran al banco que identificase la persona que corresponde con el código numérico que dio luz verde a los mismos. A su juicio, se trata de una prueba clave para acotar también la veracidad del forenic, teniendo en cuenta que las contrataciones se prolongaron en el tiempo "sin que la política interna del BBVA se percatase de nada". Anticorrupción volvió a recordar que se trató de una relación mercantil "millonaria e irregular" que pone en jaque el programa del cumplimiento normativo del banco.
A la espera de que el magistrado diga si prorroga o cierra esta línea de investigación del caso Villarejo, lo cierto es que ha ido dejando claro en sus últimos pronunciamientos que las pesquisas se acercan a su final. De hecho, aunque sí admitió identificar las personas vinculadas a los pagos, cerró la puerta a otras muchas peticiones de prueba. Según dijo en uno de sus últimos pronunciamientos, solo se practicarán "sin demora" aquellas que resulten "esenciales". Pese a ello, Francisco González sostiene que todavía queda tela que cortar en esta investigación que ya suma más de dos años y medio.
Entre las pruebas a practicar antes de llegar a juicio, recuerda algunas de las que solicitan las víctimas del comisario. Destacan la propuesta por la defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y del adjunto a la dirección, Ángel Garay Echevarría. Mientras el primero de ellos reclama que se investigue si funcionarios ligados a Villarejo hicieron consultas en las bases de datos policiales para sus trabajos privados, el segundo pidió una serie de testimonios de la Policía Judicial para esclarecer lo relativo a la denuncia anónima interpuesta contra la asociación de consumidores.
Las agendas de Villarejo
El magistrado también tiene pendiente de pronunciarse en relación a la posibilidad de que todos los personados en esta pieza novena del caso Tándem puedan acceder a las agendas del comisario. Se trata de un reclamo que se produce a tenor de la última tanda de cuadernos incautados en octubre durante el operativo de detención de su esposa, Gemma Alcalá. Entre todas las anotaciones que recogen estas 13 nuevas agendas destacan algunas relativas a los encargos que gestionó para el banco entre 2014 y 2016.
Estos nuevos manuscritos han sacudido la causa e incluso provocado cambios de calado en algunas piezas, si bien no parece que vaya a ocurrir lo mismo en la relativa a la entidad que preside Carlos Torres. Otra de las víctimas de sus encargos, Carlos Arenillas, sigue pendiente de que el magistrado se pronuncie sobre las pretensiones formuladas en abril. El que fuera presidente de la CNMV solicitó a la Audiencia Nacional que se investiguen los pormenores del contraespionaje del que fue víctima en el año 2004.
En aquel momento Villarejo puso el foco en un nutrido grupo de economistas, banqueros, políticos y empresarios que estarían respaldando el intento de asalto de Sacyr al capital del banco para desplazar de la presidencia a Francisco González. A todos ellos, Villarejo les incluyó dentro del bautizado como Grupo Hostil.
Los correos de Béjar
Aunque el banco le encomendó que vigilara de cerca aquellos que suponía una amenaza para su entonces presidente, el comisario se extralimitó en este encargo (proyecto trampa) y controló el tráfico de llamadas y llevó a cabo seguimientos contra todos ellos, incluido Arenillas. Según relató el testigo, vivió un "hostigamiento" por partida doble. Primero porque la trama interpuso una denuncia falsa contra Intermoney, entidad que presidía, y segundo porque al percatarse la Policía de que le estaban siguiendo, impulsaron labores de contravigilancia. Ahora Arenillas quiere que se identifique si detrás está Villarejo.
También quedan por practicar diligencias del directivo díscolo del caso. Béjar, que se desligó de la línea oficial de defensa de los imputados y anunció su colaboración con la Justicia, mantiene su cruzada contra el banco que le despidió y que le responsabiliza de los encargos a Cenyt. El exdirectivo, que insiste en que las órdenes venían de la cúpula, está pendiente de analizar todos los correos internos tras recibirlos del banco por orden de la Audiencia. "Esta diligencia se encuentra actualmente en curso. De su traslado a las partes podría surgir la necesidad de practicar más diligencias", vaticina González en su escrito.
