El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha acordado este jueves dejar en libertad al ex jefe de Gabinete de Francisco Granados, Ignacio Palacios, y su mujer, María José Marijuan, con la condición de que antes de las 11 horas del próximo lunes, 23 de noviembre, abonen una fianza de 30.000 euros en el caso de él y de 5.000 euros en el caso de su esposa.
En el caso de que depositen la fianza se les imponen como medidas cautelares las comparecencias quincenales, así como la retirada del pasaporte. Ambos, que tal y como adelantó Vozpopuli fueron detenidos este lunes por agentes de la Guardia Civil, están imputados por fraude, coche, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal.
Tanto Palacios como su mujer se han acogido a su derecho a no declarar y solo han respondido a las preguntas de su abogado sobre su situación personal, con el objeto de demostrar su arraigo familiar y laboral para tratar de eludir la prisión. Al abandonar la sede de la Audiencia Nacional, su abogado, José María de Pablo, les esperaba en la calle, y el matrimonio se ha ido sin hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban su salida.
El considerado ahora testaferro de Granados, que junto a su socio David Marjaliza son los únicos que permanecen en prisión provisional por esta causa, fue también consejero de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, investigada en esta causa.
Tercera fase de Púnica
Arpegio, que aparece asimismo en el caso Gürtel, suscribió contratos de eventos con la empresa Waiter Music -del también imputado en Púnica José Luis Huerta- cuando Granados ocupaba "cargos de relevancia" en el Gobierno regional, según consta en autos del juez Velasco.
Desde septiembre, el instructor de Púnica está practicando diligencias para apuntalar con pruebas la veracidad de las acusaciones que hizo el otro presunto cabecilla de la trama, David Marjaliza, durante las 13 horas de declaración que prestó a petición propia el pasado junio y en las que implicó a varios cargos políticos de diversos partidos.
Ello derivó en la citación de 40 personas, aproximadamente la mitad imputados y la otra mitad testigos, vinculadas todas ellas con municipios de la Comunidad de Madrid y la de Valencia, y relacionados con las últimas confesiones que hizo Marjaliza, que permanecen bajo secreto de sumario.
Esta nueva ronda de interrogatorios, prevista hasta diciembre, se enmarcó en la pieza separada número 9 que se refiere a la trama internacional de presunto blanqueo de capitales, así como en relación a las comisiones rogatorias internacionales y "otros flecos que se están investigando. Poco antes de acordar estas últimas citaciones, Velasco decidió trocear la causa principal en doce piezas separadas para una tramitación más rápida y ordenada de la causa (que cuenta con más de cien imputados) y permitir el enjuiciamiento, sin dilaciones, en aquellas piezas en las que haya finalizado la instrucción.
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