El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez lleva más de una década esperando para sentarse en el banquillo, en este caso de los acusados. Se le acusa de defraudar 36,66 millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017 en su empresa de vigilantes de seguridad. Por estos hechos, la Fiscalía solicita más de 21 años de prisión y la friolera de 105 millones de euros de multa. Este proceso judicial ha tenido diversas vertientes a lo largo de los años y no se descarta un nuevo giro del guión.
El caso se remonta a febrero de 2014. Un trabajador, representante de la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada y Servicios Afines de Canarias, denunció que fue despedido de la mercantil Seguridad Integral Canaria S.A. por indicar que la empresa realizaba "fraude y exacciones ilegales al abonar las horas extras y otros conceptos como dietas para defraudar a la hacienda pública y a la seguridad social".
Este empleado ejercía sus funciones como vigilante de seguridad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La empresa del presidente de la UD Las Palmas era adjudicataria de contratos públicos en entidades como los ministerios de Fomento, Defensa, Economía, Hacienda, Empleo, Metro de Madrid, Parques Nacionales, Dirección General de Tráfico o el Gobierno de Canarias.
Dietas "desproporcionadas"
Con este testimonio, la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional inició una investigación exhaustiva que se prolongó en el tiempo y que se juzgará desde este martes en Canarias. Dentro del sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, también se encuentran las manifestaciones de los inspectores de Trabajo que analizaron a la empresa del presidente. Confirmaron que no se había presentado justificación documental a la "cantidad desproporcionada" que gastaban en dietas de los empleados.
Los trabajadores manifestaron que en ocasiones trabajaban 16 horas al día, se les comunicaban que tenían que doblar turnos por teléfono para no hacerlo por escrito y no infringir formalmente las horas extra máximas legales. Cambios de puesto en la misma noche o falta de remuneración de las horas de formación fueron algunos de los otros aspectos que se pusieron sobre la mesa. Todo ello sin límites de horas. A su juicio, los empleados hacían turnos de 24 horas y las pagas extras se abonaban en concepto de dietas.
Amenazas a testigos
Los vigilantes que denunciaban estas prácticas recibían amenazas. Algunas de estas personas estaban en su puesto un total de 240 horas al mes. La acusación particular, ejercida por el sindicato FTS USO, con el abogado Ismael Franco, preguntó al denunciante si estaban presionando a los testigos desde la empresa para que no fueran a declarar contra la empresa del presidente del club de fútbol.
La compañía tachó estas denunciadas de falsas y que estaban efectuadas con el único propósito de causar un perjuicio económico, pérdida de servicios, y en su imagen. Con estos datos, el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria decidió incoar diligencias para esclarecer los hechos respecto a esta empresa que gestionaba 1,8 millones de euros anuales.
Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la UD Las Palmas, declaró como imputado el 1 de abril de 2014. Aseguró que el pago de las dietas fue comunicado a Hacienda. "Las dietas solo las cobra el que la genera y para ello tiene que salir del municipio donde está el centro de trabajo", explicó. Además, puso como ejemplo el contrato con AENA para vigilar el aeropuerto de Tenerife y subrayó que sus empresas recibían unas 100 inspecciones mensuales.
Un ahorro de 17 millones de euros
La Fiscalía Provincial de Las Palmas en su escrito de acusación contra el presidente, considera que los hechos ilícitos se realizaron entre 2009 y 2013 cuando se disfrazaron el abono de horas extraordinarias con el pago de dietas.
Con ello, según el Ministerio Público, se evitó paga al estado las siguientes cantidades: 1,59 millones en 2009, 1,55 millones en 2010, 1,41 millones en 2011, 987.000 euros en 2012 y 1,04 millones en 2013. De igual forma acusan a la empresa de aplicar un convenio colectivo, de marzo de 2013 a octubre de 2017, con unas condiciones salariales inferiores a las reguladas, con las que se ahorró el pago de 17 millones de euros a sus empleados.
21 años de prisión para el presidente
Por todo ello, consideran que el presidente de la UD Las Palmas habría incurrido en ocho delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Solicitan para Miguel Ángel Ramírez 17 años y 6 meses de prisión, una multa que supera los 100 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por un tiempo de cuatro años. También proponen que indemnice a las AEAT con una cantidad de 6,6 millones de euros.
De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que estuvo incluso imputada ante el Supremo, hasta que el propio Miguel Ángel Ramírez dio un giro al caso al entregar a la Justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la por entonces diputada de Podemos.
La defensa del presidente explicó en su informe que los hechos no son constitutivos de infracción penal ninguna, ya que no aprecian la autoría de los mismos. Este martes comenzará a verse la luz al final del túnel de uno de los juicios más mediáticos que se llevan cociendo desde hace años contra este presidente.
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