Mijail Fridman toma la palabra en la Audiencia Nacional. El magnate ruso, que está investigado por la caída del Grupo Zed, ha respondido a la petición del empresario Javier Pérez Dolset de imponerle una fianza cercana a los 2.000 millones de euros asegurando que es “inadmisible”. El empresario de origen ucraniano se defiende de las acusaciones en un duro escrito en el que le reprocha que vuelva a la carga contra él, según dice, sin aportar ninguna prueba nueva.
El escrito de Fridman se conoce semanas después de que el antiguo dueño de esta multinacional tecnológica solicitara la imposición de una fianza de 1.800 millones de euros. El empresario madrileño, que también figura como investigado en la causa, mantiene una cruzada contra los antiguos socios rusos del grupo, a los que responsabiliza de provocar la asfixia económica de la mercantil para, posteriormente, quedarse con ella.
Se trata de una tesis que comparte la Fiscalía Anticorrupción y que provocó que la Sala de lo Penal devolviera la condición de investigado a Fridman después de que le archivara la causa el instructor. El magistrado Manuel García Castellón le sacó del procedimiento al entender que no había suficientes pruebas que le implicaran en la quiebra de la tecnológica. Un argumento que acoge el propio Fridman, el cual ahora responde, además, que el millonario importe indicado como referencia para la caución es “manifiestamente infundado y carente de toda prueba”.
Fridman, en el punto de mira
La defensa de Fridman –que ha vuelto a asumir el abogado del FROB Carlos Gómez-Jara- apunta, en un primer lugar, a la falta de argumentación de Pérez Dolset para calcular la cifra o para atribuirle un delito específico por estos hechos. Según sostiene, el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que solicitaba la imposición de la caución “está huérfano” de citas de sentencias del Tribunal Supremo o del Constitucional, una muestra, dice, de lo “desaventurado de sus peticiones”. “El papel lo aguanta todo; el Derecho penal (material y procesal) no”, apostilla.
El magnate ruso acusa al otrora dueño de la multinacional de videojuegos de que “vuelva a insistir en su teoría de la conspiración” para hundir Zed y cuestiona que él sea un damnificado de la actuación de sus socios rusos. Del mismo modo, también le responde tratando de desvincular de esta causa penal la invasión de Rusia a su país natal. La misma le ha valido su inclusión en la lista de oligarcas rusos sancionados por la Unión Europea por su supuesta cercanía al gobierno de Vladimir Putin.
Al respecto Pérez Dolset dijo que en los últimos meses “y especialmente tras el estallido de la guerra de Ucrania”, había obtenido abundante documentación que demostraría el “asalto y apropiación” de Zed por parte de los socios rusos, la empresa Planeta y Peter Wakkie. Este último, considerado hombre de confianza de Fridman, también figura imputado en el procedimiento en su condición de administrador de Zed +.
El magnate ruso le responde que no llega a comprender la relación entre la “triste y desafortunada guerra en Ucrania” con el hallazgo de más documental y dice que la única novedad es que pida la imputación en la causa de Jordi Albiol y Bernard Alfonso, ambos administradores concursales de Zed.
Comparativa con el caso Bankia
La defensa de Fridman recoge abundante doctrina sobre el Tribunal Supremo y el Constitucional para argumentar que la petición de la fianza no respeta el principio de proporcionalidad. Según indica, ni se motiva la idoneidad de la petición ni tampoco su necesidad (que exista, por ejemplo una situación de riesgo que amenace la efectividad del proceso). Como ejemplo, recurre a uno de los casos más mediáticos que se han instruido en la Audiencia Nacional: el procedimiento por la caída de Bankia.
En concreto alude a dos autos de esta causa. El primero, del instructor Fernando Andreu, denegó adoptar medida cautelar alguna por la caída de un banco al que se le inyectaron más de 20.000 millones de euros públicos. El segundo lo redactó en 2015 la Sala de lo Penal en el marco de la pieza por las tarjetas Black. En este caso los magistrados obligaron al juez a rebajar de 800 millones de euros a 34 la fianza por la caída del banco. “Entendemos que esto mismo resulta aplicable aquí, ya que la cuantía cuyo afianzamiento solicita el Sr. Pérez Dolset parte de una serie de perjuicios que no son admisibles”, sentencia.
De esta forma rebate al empresario madrileño que, por contra, apunta a un agujero en su multinacional de 914 millones de euros. En su petición, de hecho, explicó que la salida de fondos de las filiales rusas de Zed que se calculaban en 914 millones, se realizó a través de Alfa Bank, entidad de la que es propietario Fridman. Además, sostiene que la nueva documental revela cómo pusieron una operación en marcha para desviar 1 millón de dólares desde el grupo Zed a Temafon (fiial rusa de Zed) y usarlo para "sobornar" al administrador concursal del Zed.
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