El jueves supimos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra –exministro de Defensa y exvicepresidente del Gobierno de Felipe González-, y del exdirector general Adolf Todó, así como de otros 52 miembros del Consejo de Administración de la entidad por un delito de administración desleal, al haber aprobado en enero y octubre de 2010 sendas resoluciones para aumentar el salario de los miembros del comité de dirección, pese a que, a cuenta de la “situación crítica” de la Caja, en julio de aquel año tuvieron que pedir 1.250 millones de euros de ayuda al FROB. El fiscal Fernando Maldonado habla de “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas, ajenas a su situación real de solvencia” de la entidad. Los aludidos suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones varias, “retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas, máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país”. Pura administración desleal, o vulgo “a pillar, a pillar, que el mundo se va a acabar”.
A principios de semana supimos también por el Banco de España que las ayudas financieras públicas –es decir, el bolsillo del contribuyente- a los bancos comprometidas en diversas formas de capital ascienden a 61.366 millones desde mayo de 2009. La cifra se desglosa en 37.943 millones concedidos a través de inyecciones de capital posteriores a la ley de septiembre de 2012, al amparo del programa de asistencia financiera europea; 13.427 millones desde el FROB-2; 7.884 millones a través del FGD y otras aportaciones; 1.135 millones en bonos convertibles contingentes (CoCos); y 977 a través del FROB-1 por las preferentes. La cifra global, no obstante, se queda muy corta, porque no incluye avales del Estado a emisiones de entidades, ni esquemas de protección de carteras de activos, ni otros apoyos públicos. De aquella cifra global de 61.366 millones, la que más ha recibido ha sido BFA Bankia (22.424 millones, casi 18.000 de los cuales a través del mecanismo de asistencia europea), seguida de Catalunya Banc (12.052 millones), NCG Banco-Novacaixagalicia, que ha recibido del Estado 8.981 millones. Tras las entidades nacionalizadas, Caixabank es el grupo que más ayudas ha recibido del Estado, con 6.575 millones (compra del Banco de Valencia y, en menor medida, de Banca Cívica).
La decisión política de proceder al rescate de las cajas de ahorro va a resultar un desastre para el contribuyente
Las esperanzas de recuperar esas cantidades son más bien escasas. Salvo que aparezca un mirlo blanco en forma de fondo o fondos, la banca española sana no está dispuesta a pagar más de 1 euro por Novagalicia y por Catalunya Banc, eso sí, a cambio de ayudas millonarias en forma de protección por sus carteras de créditos dudosos y otra serie de ventajas fiscales. Las esperanzas del Ejecutivo en recuperar algo de lo invertido están puestas en Bankia y en el buen hacer de su actual capo, Goirigolzarri, con la que, en palabras de Antonio Carrascosa, director general del FROB, “se podrían obtener unos beneficios que permitan la recuperación de la inversión realizada e incluso compensar pérdidas, si las hubiera, en alguna otra entidad”. Parole. Pájaros volando. La situación del propio FROB habla a las claras de la dimensión de la sima, después de haber cerrado el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 26.060 millones, y un agujero patrimonial de otros 21.831 millones.
Está claro que la decisión política de proceder al rescate de unas Cajas de Ahorro a las que en su mayor parte habría que haber dejado quebrar, va a resultar un desastre para el contribuyente. De hecho, es una idea extendida en el sector financiero que el Estado no podrá recuperar la mayor parte de los miles de millones de fondos públicos inyectados en el sector bancario o, dicho de otra forma, que se acabará perdiendo la mayor parte del dinero comprometido, dinero que ha pasado a engordar nuestra deuda pública y que habrá que devolver con sangre, sudor, lágrimas y años, muchos años. Es, sin duda, la peor herencia de esta crisis sin precedentes, de la que, sin embargo, casi nadie habla, perdidos todos por los vericuetos de Bárcenas, ERES y demás corrupciones. En este clima de silencio, en los arrabales del Poder se han dado cuenta de que será necesario arremangarse y chapotear en el barro del robo masivo producido en las Cajas para tratar, por un lado, de recuperar una parte, al menos, del dinero estafado a las entidades por los salteadores de cuello blanco de turno, y por otro, llevar a la cárcel a unos cuantos canallas. Todo para evitar que el personal se cabree y decida un día, cuando repare en la magnitud del desastre, prenderle fuego al escenario.
Perseguir a quienes se han llevado la “pasta”
Y ahí vuelve a entrar en juego el FROB, que el pasado fin de semana, a través de EFE, sorprendió al respetable al anunciar que se dispone a encargar un análisis pormenorizado de aquellas operaciones irregulares llevadas a cabo en las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), para llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente con ellas. A tal efecto, el Fondo ha activado “un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, estando ya trabajando con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” citadas. El FROB, sin embargo, habla de revisar las operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas de Economía y del propio Gobierno, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, se perpetraron en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria.
El quebranto producido es equivalente a las plusvalías que un enjambre de golfos se ha metido en el bolsillo
“Se trataría de mirar todas las grandes operaciones de prestatarios singulares y corporativas”, asegura un experto en restructuraciones bancarias. “Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por las propias Cajas, préstamos a sociedades públicas municipales, etc. En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años de boom inmobiliario”. La operativa está en la mente de todos y su seguimiento no requiere especial titulación. Es de sobra conocido el caso de esas notarías donde en una misma mañana el precio de un suelo, rústico para más señas, podía multiplicar su valor “n” veces desde que, a primera hora y ante el ilustre notario de turno, pasaba de mano de su propietario inicial –a veces propietarios- a las de un intermediario, para terminar, tras un número indeterminado de “pases”, en poder de una sociedad teóricamente encargada de desarrollar el proyecto o convenio con el Ayuntamiento respectivo.
La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y sus valoraciones, promovida por el primer Gobierno de José María Aznar, jugó un papel esencial en el milagro español de la multiplicación de los panes y los peces inmobiliarios al permitir a bancos y cajas dar crédito a los promotores por el valor potencial futuro del suelo aportado, con independencia de su calificación como rústico, terciario o urbano. Solo hacía falta acudir a una tasadora dispuesta a decir que ese suelo donde crecían las amapolas iba a valer 1.000 euros m2, y acudir después con esa tasación a la Caja amiga para “plantear la operación”. A menudo el mismo cajero, harto de ver desfilar por su despacho nuevos millonarios, se decía, ¡coño, participemos en el negocio, entremos en la sociedad!, y entraban, claro que sí: la Caja ponía la pasta y el promotor, la gestión. O eso decía. Y como España no producía ahorro interno suficiente para financiar a tanto listo, las entidades acudían a sus colegas alemanas para endeudarse hasta las cejas, a menudo con dinero a corto para financiar proyectos a largo. Cuando los mercados se dieron cuenta de la magnitud del envite y empezaron a cerrar el grifo, sobrevino la catástrofe.
Nos han robado por encima de nuestras posibilidades
Entre 280 y 300 sociedades de este tipo en proceso de liquidación hay ahora mismo en Bankia, la mayoría procedentes de Bancaja. La fotografía causa desolación: en el activo, un suelo que no vale nada -no lo valdrá durante muchos años-; en el pasivo, un peaso préstamo que la Caja se ha visto obligada a provisionar tras llevarlo a fallidos. De esta forma, y de otras no muy distintas a ésta, se ha producido el gran agujero de unas Cajas que el Estado ha decidido rescatar con dinero público. El corolario es sencillo: el quebranto producido de esta guisa es equivalente, en un porcentaje muy importante, a las plusvalías que un enjambre de golfos se ha metido en el bolsillo y ha colocado a buen recaudo fuera del país. Conviene refutar un aserto que se ha hecho popular, y es que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades: nos han robado por encima de nuestras posibilidades. “No es cierto lo que se está diciendo”, asegura un alto responsable de Economía. “El Gobierno está dispuesto a perseguir a quienes se enriquecieron ilícitamente, y la prueba es que hay muchas operaciones denunciadas por el FROB en los juzgados, como denunciado está –posible delito de estafa, administración desleal y apropiación indebida- un señor llamado José Luis Olivas, que además de presidir Banco de Valencia y Bancaja fue presidente de la Generalidad Valenciana”.
Multitud de negocietes como el someramente descrito se han perdido “traspapelados” en las operaciones de fusión llevadas a cabo entre Cajas en los últimos años. “Yo le digo al ministro Guindos una cosa: sería suficiente con colocar a un equipo de entre 20 y 25 expertos bancarios por cada entidad financiera, y darles acceso ilimitado a toda la información existente en el Banco de España –porque todas las operaciones tienen que estar allí recogidas, como resultado de las inspecciones periódicas-, para que en seis meses, ni uno más, seis meses, quedara aclarada la operativa de cómo y quién se ha llevado la pasta, porque aquí no hay más misterio que la voluntad de encubrir y echar tierra al asunto”. Lo ocurrido es tan grave que debería ser el propio Congreso de los Diputados quien montara esos equipos para, cuanto antes, determinar responsabilidades. La España real, la España que sufre en sus carnes los efectos de la crisis, tantas veces confundida y engañada, manipulada, por la España Oficial (como anoche mismo pudimos comprobar en Buenos Aires) se lo merece. La dignidad de la nación, también.
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