La posible congelación del sueldo de los funcionarios que baraja el Gobierno ha despertado el recelo de los sindicatos de empleados públicos. La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) teme “un tijeretazo” inminente que afectaría directamente a las nóminas los altos funcionarios de la administración central a los que representa. Conscientes de la “difícil situación” que atraviesa España, se muestran dispuestos asumir ajustes, pero piden al Ejecutivo que antes contemple alternativas: “Creemos que el país necesita que trabajemos más horas, no que cobremos menos sueldo”.
“Somos servidores públicos y si tenemos que sacrificarnos, nos sacrificaremos los primeros, pero cuando vayamos a sacrificarnos, habrá que ver quién tiene que sacrificarse y por qué”, asegura el presidente de Fedeca, Jordi Solé, porque considera necesario ajustar antes el “gasto superfluo”. “Lo fácil es bajar el sueldo de los funcionarios”, comenta Solé en declaraciones a Vozpópuli: “Habrá que estudiar otras fórmulas”. Por ello, considera necesario aprovechar la coyuntura para plantear una “reflexión profunda” sobre el diseño de la administración general del Estado, si bien no se muestra optimista: “Estamos en España…”.
El presidente de los altos funcionarios aboga por acometer la ambiciosa “auditoría del sector público” que Fedeca reclama desde hace una década y que se ha tornado más urgente “desde que empezó la crisis de la covid”. Solé pide un análisis profundo e integral que aborde “el mal diseño” actual de la administración, así como suprimir todo “gasto superfluo” o “subvenciones cuya eficacia nadie ha demostrado”. Y a falta de conocer en qué se materializará el plan del Gobierno, entre las opciones que propone Fedeca para evitar una congelación de las nóminas, la federación de los cuerpos de funcionarios directivos aboga por ampliar su horario laboral para compensar el recorte: “Este país no necesita que nos bajen los salarios, sino que trabajemos más”.
Lo que nos parecería indignante es que el recorte fuese progresivo", advierte el presidente de Fedeca, Jordi Solé, que pide al Gobierno que estudie "otras opciones" antes de bajar el sueldo de los funcionarios
Jordi Solé da por hecho que habrá medidas de austeridad. “Es evidente que los recortes van a venir cuando se acabe el maná de las ayudas europeas”, enfatiza, aunque insiste en “mirar más allá del titular de mañana” para poder plantear medidas “a medio plazo”. “Y si hay que pegar un tijeretazo, lo que nos parecería indignante es que el recorte fuese progresivo”, advierte el presidente de Fedeca, que teme que el Gobierno no aplique un ajuste proporcional a los cuerpos superiores de funcionarios “cuando en España tenemos a los A1 peor pagados de Europa” pese a exigente preparación que requieren este tipo oposiciones para puestos directivos de la administración general del Estado.
El Gobierno se contradice y no aclara si congelará salarios
Mientras Fedeca aguarda información más concreta sobre los planes del Gobierno, esperando “que los políticos no hagan de la administración su cortijo”, el Ejecutivo no aclara si está verdaderamente decidido a acometer una congelación de los salarios públicos. A falta de una versión oficial y consensuada, varios ministros han reaccionado con declaraciones contradictorias a la información adelantada este mismo jueves por el diario ‘El País’. Por un lado, quienes se inclinan por “estudiar” esta medida. Por otro, los que dicen desconocer cualquier tipo de debate interno al respecto. Y de fondo, los sindicatos de funcionarios, que claman contra una posibilidad que, dicen, les haría perder poder adquisitivos.
Varios ministros se han pronunciado este sobre sobre la posible congelación de los salarios públicos, aunque con declaraciones contradictorias
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cree conveniente “estudiar” la congelación de salarios y pensiones públicas, pues son “son muchas las necesidades; y los recursos, limitados”. “El país se enfrenta a una situación económica muy complicada”, ha remarcado este jueves, que deriva de “una caída de la recaudación” por la que habrá que ajustar las cuentas del Estado. En sintonía con las aseveraciones de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la ministra Montero ha afirmado que los funcionarios han experimentado una mejora de su poder adquisitivo en los últimos años. Y las previsiones apuntan a que la inflación en 2020 se situará en torno al 0, ha apuntado por su parte Calviño: “Todo esto tendremos que tenerlo en cuenta”.
Calviño y Montero se inclinan por "estudiar" la congelación salarial por la delicada situación económica, algo que desmiente Calvo, mientras Escrivá dice desconocer cualquier debate al respecto
Montero ha desvelado que el Gobierno está trabajando ya en la celebración de diversos encuentros interministeriales para analizar cualquier escenario: “Tendremos que estudiar todas las posibilidades”. Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo dicen desconocer si la congelación de salarios públicos está en sus planes. “No, no está sobre la mesa”, ha zanjado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, preguntada al respecto, antes de pedir el apoyo del PP para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado. “No me consta”, ha contestado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Entretanto, el Ministerio de Función Pública, el competente en este asunto, guarda silencio.
CSIF pide al Gobierno que negocie "de inmediato"
Frente a las valoraciones del Gobierno, el sindicato más representativo de los trabajadores de la administración pública, CSIF, asegura que los funcionarios públicos han perdido entre el 12,9 y el 17,9% de su poder adquisitivo en la última década. "Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda”, ha criticado CSIF en un comunicado en el que exige “la apertura de la negociación sindical de inmediato”.
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