Los sindicatos de la función pública han pactado una nueva ola de movilizaciones ante lo que describen como nuevos "recortes laborales y económicos" que desbordan el Real Decreto del año pasado. Según su denuncia, 70.000 empleados públicos han sido despedidos sólo en los tres primeros meses de 2013. CCOO, UGT, CSIF y USO han alcanzado un pacto bajo la Plataforma de Sindicatos y de Asociaciones Profesionales de Empleados para comenzar una nueva ronda de paros y protestas.
"Los funcionarios están al límite", denuncia CC.OO.
Los agentes sociales aseguran que esos despidos son sólo el principio de una tónica que continuará durante todo el año. Según su denuncia, el Ejecutivo prepara modificaciones legislativas que, bajo el título de reforma de la administración, pretende únicamente vaciar de contenido y de puestos de trabajo a los servicios públicos", asegura Comisiones Obreras. "Los funcionarios están al límite, tanto en sus condiciones económicas como laborales", han concluido.
La Plataforma pretende, además, según sus portavoces promover un "acercamiento a la ciudadanía", ya que entiende que "la lucha de los empleados públicos debe ser la lucha de toda la ciudadanía por sus servicios públicos".
Habrá batalla judicial hasta el Constitucional
La Plataforma pretende, además, bloquear los recortes en los tribunales. Para ello, prepara una ofensiva de demandas contra los recortes al personal de la Función Pública. Según los sindicatos, los precedentes de sentencias anteriores servirán para llegar hasta el Tribunal Constitucional en esa guerra.
Según los sindicatos, el fallo de la Audiencia Nacional que estimó hace unas semanas un recurso sobre la supresión de pagas extras y solicitó un pronunciamiento al Constitucional constituye un precedente clave sobre el que construir la nueva estrategia.
El objetivo final, concluyen fuentes sindicales, es frenar la aplicación de las medidas pero, como mínimo, podría conseguirse la suspensión cautelar de ciertas medidas ya adoptadas por el Ejecutivo.
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