El Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo 10 de enero a los funcionarios de la Administración de Justicia para abordar el conflicto laboral que llevó el pasado mes de abril a 45.000 del sector a convocar una huelga que se prolongó durante casi cuatro meses. Comisiones Obreras rechaza los puntos de la cita y reclama al ministerio de Justicia que incluya los incrementos retributivos en el orden del día.
Los funcionarios exigen al Gobierno que cumpla su compromiso de negociar un incremento retributivo en el complemento general del puesto, con una cantidad equiparable a la que el equipo de Pilar Llop acordó con las asociaciones de los LAJ. De lo contrario, avisan, retomarán las movilizaciones que llevaron a este colectivo a un parón indefinido en verano.
El triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se comprometió el pasado 21 de diciembre -durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados- a "retomar las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia" y a solucionar, entre otras cuestiones, el conflicto salarial.
Los afectados reclaman que se inicien las negociaciones de las futuras leyes de eficiencia que quedaron aplazadas tras la convocatoria anticipada de elecciones generales para fomentar el desbloqueo y desarrollo inmediato de la carrera profesional.
Los funcionarios reivindican que se reconozca profesional y retributivamente sus funcionales, "eliminándose la acumulación en el cuerpo de los LAJ". Por ello, recuerdan la necesidad de incrementar el Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales.
Los funcionarios piden medidas a nivel nacional
Los funcionarios explican que las medidas deben aplicarse en toda España, tanto en las comunidades autónomas que tengan las competencias de Justicia transferidas como las que están incluidas en el conocido como 'territorio común', "en cuantías equiparables a la subida al cuerpo de LAJ". Asimismo, piden eliminar las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población.
CCOO y los funcionarios de la Administración de Justicia solicitan a Bolaños que, además de modificar el orden del día, se les haga una oferta relativa al incremento retributivo y de cuantías mínimas de carrera profesional, antes de comenzar las negociaciones. Las exigencias comunicadas por el sindicato llegan después de que el pasado 13 de diciembre CCOO convocara una concentración para exigir a Ejecutivo de Pedro Sánchez una mesa de negociación urgente.
El nuevo desplante de Bolaños se materializa en la convocatoria de la mesa sectorial, donde se busca la constitución de grupos de trabajo para "analizar el impacto de las nuevas leyes de eficiencia en el trabajo que realizan los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia". Además, proponen negociar sobre el reglamento básico sobre el teletrabajo, según lo recogido en el Real Decreto-Ley, 6/2023, de 19 de diciembre.
Bolaños recoge el testigo de Pilar Llop
El equipo de Bolaños hereda varios frentes abiertos con los trabajadores de Justicia, heredados de la anterior administración. Entre las líneas principales de actuación marcadas por Bolaños están la necesidad de digitalizar, modernizar y agilizar el servicio de Justicia.
El BOE ha publicado un nuevo paquete de medidas para la transformación digital y procesal del servicio público de Justicia. El objetivo -informa en Ministerio- es fomentar un servicio público más cercano, más rápido, más digital. Por ello, el Ministerio anunció el pasado mes de diciembre que se retomarán los dos proyectos de ley de eficiencia digital y procesal que quedaron pendientes en la anterior legislatura y una ley orgánica de eficiencia organizativa.
Bolaños se encuentra con varios fuegos que socorrer en Justicia. Entre las últimas críticas a las que ha tenido que hacer frente resalta la huelga convocada desde el pasado 21 de noviembre por el turno de oficio. Los profesionales de este colectivo esperan tener un sitio en la mesa de negociación y piden la fijación de una relación laboral de carácter especial que una a estos profesionales con la Administración.
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