Los funcionarios de la administración de justicia que han participado en la votación abierta este martes por el comité de huelga -integrado por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ- han apoyado mantener el parón indefinido que comenzaron el pasado 17 de abril en busca de una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, a pesar del estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Pilar Llop.
Así lo confirman a Europa Press fuentes del comité de huelga, que precisan que en la mayoría de las provincias se ha votado a favor de continuar con la medida de presión, salvo en algunos lugares como Valencia, donde se ha abogado por suspenderla.
El comité de huelga había planteado dos opciones: "continuar con la huelga indefinida, evaluando a diario la situación del conflicto y el impacto del periodo de vacaciones", o aplazarla "y mantener el conflicto hasta la constitución del nuevo Gobierno, intensificando las medidas de presión".
Los sindicatos convocantes sometieron la decisión a las asambleas después del fracaso de la última reunión de la mesa de negociaciones, hace justo una semana. Entonces, las dos partes se enrocaron en sus respectivas posiciones.
El comité de huelga insistió en reclamar una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, en línea con la acordada para Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales; mientras que el Ministerio incidió en ofrecer solamente su compromiso a seguir negociando tras las elecciones generales del 23 de julio.
Encierro en el Ministerio
Los funcionarios consideraron que la propuesta era "absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga", por lo que miembros del comité de huelga se encerraron en la sede ministerial de la madrileña calle de San Bernardo 21 en señal de protesta.
Permanecieron allí desde el martes por la tarde hasta el viernes por la tarde, cuando finalmente salieron pero avisando a Justicia de que "el conflicto continúa vigente".
Ese mismo viernes, el comité de huelga presentó ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) una denuncia contra Llop y contra el secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, por incumplir su "obligación" de negociar.
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