El asesinato de Nuria, cocinera del Centro Penitenciario Mas d'Enrich en Tarragona, a manos de un interno, ha provocado fuertes protestas en las cárceles catalanas. Los funcionarios, que llevan meses quejándose por la falta de medios que garanticen la seguridad de los trabajadores, han cortado los accesos a estas prisiones, unas protestas que se extenderán al resto de España durante la jornada del lunes.
Por el momento, ya se han sumado una decena de centros penitenciarios de distintos puntos de España, a los que se sumarán las protestas en las cárceles catalanas. En concreto, los funcionarios cortarán los accesos a las prisiones de Morón (Sevilla), Huelva, Fontcalent (Alicante), Cuenca, Villena (Alicante), Albocasser (Castellón), Picassent (Valencia), Aranjuez (Madrid) y Soto del Real (Madrid).
Fuentes conocedoras de la convocatoria cuentan a Vozpópuli que el "lunes se cierra toda España" y la previsión es que se sumen más centros penitenciarios durante el fin de semana para pedir el lunes más medios para los funcionarios de prisiones.
Tal y como publicó este medio, en las cárceles catalanas se han triplicado las agresiones sexuales y los ataques afectan a casi 600 empleados. Así lo refleja el nuevo informe del CSIF, que denuncia que las agresiones sexuales a los trabajadores se han triplicado respecto a 2022, con un total de 17 frente a las 6 que hubo ese año. El sindicato también denuncia que un total de 582 trabajadores penitenciarios fueron agredidos a lo largo del año pasado, lo que supone que 1,6 trabajadores sufren incidentes a diario. Las cárceles más conflictivas continuan siendo los centros de Brians 1, Brians 2, Jóvenes y Quatre Camins.
CSIF da la voz de alarma de la extrema gravedad de las condiciones con las que trabajan los funcionarios de las cárceles poniendo en valor el ascenso de la violencia desde que se tienen datos. El incremento respecto a 2016 es de más de 431 agresiones, lo que en porcentaje aumenta a un 285% en 8 años. En cuanto a perfil de los agresores, un total de 60 internos agresores se encontraban en primer grado, es decir considerados de alto riesgo, en el momento de cometer el acto violento. Estos encarcelados han causado que 105 empleados hayan sido derivados a la mutuo o a los servicios médicos del propio centro.
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