Han tardado dos años en pronunciarse, pero este martes ya hay veredicto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al sentenciar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el 'procés' reclamados por la Justicia española, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont. Lo ha aclarado diciendo que no se puede basar en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias judiciales en España o que la persona reclamada pertenece a un "grupo" concreto que no tiene tutela judicial efectiva en España. Así, el TJUE ha asentado un precedente ya que ningun país de la UE puede poner en duda las competencias del Supremo para dictar euroórdenes.
¿A quién afecta?
Esta decisión venía como resultado del caso del exconsejero Lluís Puig, a quien Bélgica se negó extraditar. Pero la conclusión europea no solo le afecta a él sino que configuran un nuevo marco para las euroórdenes. Es una conclusión que se entiende a todos los exiliados que tienen peticiones para ser extraditados: desde Carles Puigdemont hasta los antiguos consellers, Toni Comín y Clara Ponsatí, no afectando, eso sí, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al estar en Suiza.
La inmunidad pendiente de Puigdemont
Sin embargo, una nueva euroorden se encontraría con un asunto aún por resolver: la resolución sobre su inmunidad. El 'expresident', al igual que los otros exconsellers, tienen inmunidad al ser eurodiputado (no como Puig) y seguirá siendo así hasta que se concluya lo contrario. Un proceso que continúa abierto a la espera de que el TJUE lo resuelva. En noviembre, el Parlamento Euorpeo aseguró ante el Tribunal General de la Unión Europea que, seguramente, Puigdemont accedió al escaño "de forma ilegal" mientras que la defensa del antiguo dirigente secesionista, que lleva el abogado independentista Gonzalo Boye, defendía la anulación del suplicatorio por "persecución política".
Una sesión que duró más de cinco horas y cuya resolución, determinante en este caso, se dará en el primer trimestre de este año. Para la defensa de Puigdemont, esta resolución es clave puesto que, si Luxemburgo le da la razón en detrimento del Parlamento Europeo que aceptó el suplicatorio del Supremo quedaría blindado de futuras extradiciones. En tema de la inmunidad, así, queda pendiente y es el último fleco que queda por atar después de la resolución del TJUE que admite el dictamen de las euroordenes por parte del Supremo.
La defensa de Puigdemont, ¿y ahora qué?
La defensa de Puigdemont ha mantenido el tipo después de la resolución del TJUE y ha precisado que conviene leer la sentencia íntegra, porque espera aferrarse a los matices (salvedades) por lo que "es un buen día". La defensa defiende que se puede sortear esa orden si hay "deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado". Un matiz que, según la abogada y aliada de Boye, Isabel Elbal Sánchez, servirá para urdir la defensa al ser "clave". "·A mi entender, es que se puede denegar una OEDE si se demuestra la existencia de “deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca” el reclamado. Sobran las pruebas", ha expresado en Twitter. Y advierte a Llarena: "Sr. Magistrado Llarena, antes de volver a cursar una nueva OEDE contra la misma persona, asegúrese bien de que “tenga carácter proporcionado”.
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