"El Consejo General del Poder Judicial ha entendido siempre que los jueces y fiscales tienen motivos para quejarse o manifestarse, para reivindicar reclamaciones históricas como falta de medios o de materiales. Pero personalmente creo que actualmente parar la justicia no es el camino, hay que seguir dialogando", explicaba Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ en una entrevista radiofónica ante la amenaza de huelga del poder judicial el próximo día 20.
Bravo defendía que la puerta del diálogo con los representantes de las autoridades judiciales siempre ha estado abierto por parte del Consejo, y añadía que continuan con la labor de mediación con el ministerio de Justicia para abordar todos los problemas que la carrera judicial está presentando. "Plantear una huelga porque un anteproyecto creen que no es el apropiado, no me parece que esté muy justificado. El derecho a la huelga no está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hay un marco legal que lo regule, pero es un derecho fundamental de la Constitución Española", matizaba.
La portavoz del CGPJ añadía además que el Consejo ha sido crítico con algunas decisiones del actual Ejecutivo. De hecho, recordaba que ya informó sobre cómo podía afectar la Ley de Tasas Judiciales a la tutela judicial efectiva, o mostró su descontento sobre la reforma del código penal del ministro Gallardón. "Sigue sin gustarnos, pero es el juego democrático. Compartimos muchas valoraciones y reivindicaciones, pero quien representa un poder del estado tiene que buscar otras vías que no sean parar la justicia", defendía.
Preguntada sobre una reforma del poder judicial, la portavoz del CGPJ era tajante: "Creo que tras 35 años sí necesita una reforma, pero cumpliendo los parámetros de la constitución. La reforma del Consejo está en marcha, y hemos emitido un informe muy crítico, en el que el sentir mayoritario expresó que determinados aspectos de la reforma podría afectar a la independencia judicial o restar fuerza al órgano. Teniendo presente el amrco constitucional, se debe reformar la Justicia, porque su problema no es sólo de falta de medios. Si no cambiamos las estructuras o procedimientos, no garantizamos esa actuación", decía.
Para ella, se trata de reformar el proceso penal para que la primera fase se pueda realizar con más agilidad, eliminando la propia dificultar del procedimiento. Además, cree importante que la inversión económica se acompañe de cambios sustanciales, también en el mapa judicial.
Crisis institucional por corrupción
Respecto a la actual pérdida de confianza en las instituciones por parte de la sociedad, Bravo explicaba que el Consejo no puede quedarse al margen de la preocupación social. "Se necesita un poder judicial al frente y estamos trabajando para ello. Lo haremos sin ninguna sumisión al poder ejecutivo, porque la sociedad lo está demandando", declaraba.
Por último, la portavoz abogaba por saber compaginar el derecho a la información con la presunción de inocencia, algo a lo que hacía referencia el ministro Wert estos días, diciendo que parece haberse invertido la carga de la prueba, siendo ahora el acusado quien debe demostrar su inocencia. "Cuando trasciende a la opinión pública un asunto judicial de amplia relevancia mediática, se forma una especie de juicio paralelo, avanzando posibles responsabilidades antes de una sentencia condenatoria. La sociedad tiene que estar informada sobre todo cuando las sospechas recaen en quienes ejercen cargos públicos, pero tenemos que ser lo más respetuosos posibles con la presunción de inocencia", concluía.
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