La preocupación embarga de forma creciente a los grandes empresarios del sector de las renovables con intereses en Galicia al comprobar que el máximo órgano judicial de la comunidad tiende a suspender de forma cautelar los proyectos eólicos si cuentan con el informe desfavorable de colectivos ecologistas, situación que se lleva repitiendo de forma invariable en los últimos tiempos. La patronal del sector a nivel nacional asegura que el número de infraestructuras afectadas en Galicia, debido a recursos judiciales interpuestos por movimientos ambientalistas, asciende ya a 58.
La protesta escenificada hace un mes en Santiago de Compostela por los responsables de la Asociación Eólica de Galicia, que criticaron con dureza la paralización judicial de numerosas infraestructuras debido a la fuerza que ejercen ciertos colectivos opuestos a la ‘plantación’ de aerogeneradores, no ha encontrado apoyo, de momento, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Así, la última resolución de este tipo, dada a conocer hace unos días por el TSXG, ha sido demoledora para los intereses del colectivo al ‘tumbar’ el parque previsto en Campo das Rosas, impulsado por Naturgy en los municipios pontevedreses de A Estrada, Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade.
La inversión presupuestada rondaría los 26 millones de euros, pero la asociación Adega ha logrado paralizar de forma provisional la ejecución de la infraestructura alegando que pondría en peligro una de las poblaciones más importantes de la Península del helecho licopodio das brañas (Lycopodiella inundata). Diversos colectivos alzaron también la voz para denunciar que dicho proyecto alteraría el hábitat de los caballos que protagonizan cada año la tradicional ‘Rapa das Bestas’ de Sabucedo (A Estrada), espectáculo con varios siglos de antigüedad que ha sido distinguido como Fiesta de Interés Turístico Internacional.
El tribunal superior gallego basa la suspensión cautelar en el ‘fumus boni iuris’, una figura jurídica que se refiere a la apariencia o probabilidad de que una acción legal tenga un fundamento jurídico válido. En este caso, los magistrados han recordado anteriores resoluciones similares y señalan que es el Tribunal Supremo el que debe determinar si los informes sectoriales que se requieran para tramitar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental han de recabarse antes de someterse el proyecto al trámite de información pública o, por el contrario, puede hacerse de forma simultánea, ya que existen diversas interpretaciones sobre la normativa comunitaria al respecto.
También recuerdan que el Tribunal Constitucional ha declarado en varias sentencias que “hasta que no se tome la decisión al respecto por el tribunal competente, el acto no puede ser ejecutado por la administración”.
En este sentido, la Asociación Eólica de Galicia espera que el Tribunal Supremo se pronuncie a final de este año sobre el fondo del asunto que ha llevado a la anulación y suspensión cautelar de decenas de parques en la comunidad gallega, lo cual supondría, en caso de sentencia favorable para la patronal, desatascar definitivamente la construcción de los proyectos que se encuentran paralizados.
La asociación ve "bastante sorprendente" lo que ocurre desde hace meses, después de 25 años de tramitaciones, y asevera que "lo que se está haciendo en Galicia no se hace en el resto del Estado". El presidente de la patronal contempla dos cuestiones que pueden ayudar a los promotores eólicos. Por una parte, el pronunciamiento del Supremo, que crearía jurisprudencia, y por otra, una nueva normativa de la UE que declara de interés general especial las iniciativas del sector. Sobre este particular, la Xunta también ha movido ficha al promover que dichas instalaciones serán declaradas de “interés público superior”. Eso quiere decir que gozarán de una tramitación mucho más ágil mediante la aplicación del citado reciente reglamento europeo, que insta a acelerar el despliegue de energías renovables en todo el territorio de la UE por motivos tales como su contribución a la salud y a la seguridad públicas.
Casi doscientos parques eólicos en la región
La Asociación Empresarial Eólica, que agrupa a más de trescientas empresas y representa a más del 95% de este sector a nivel nacional, también ha expresado en varias ocasiones su preocupación por lo que está ocurriendo en Galicia y ha instado a las instituciones a encontrar una solución urgente a un bloqueo que pone en peligro el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en la región.
En su último comunicado, el colectivo indica que Galicia cuenta actualmente con 183 parques eólicos con una potencia total instalada de 3.907 MW, lo que supone un 13% del total nacional, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor rendimiento por megavatio instalado. Pese a ello, la patronal denuncia que la instalación de potencia eólica en la región se encuentra paralizada, de forma que en los últimos cinco años tan solo se han instalado 510 MW, 28 de ellos en 2022. A día de hoy, recuerda, hay autorizados otros 3.300 MW en la región, pero "las paralizaciones judiciales y la presión de muchas plataformas, supuestamente ambientalistas, están poniendo en peligro muchos de estos proyectos y gran parte del desarrollo energético e industrial de Galicia".
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación