La polémica sobre las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en torno a la paralización cautelar de numerosos proyectos eólicos que habían recibido la autorización previa de la Xunta, con el consiguiente retraso en el inicio de las obras, no para de aumentar debido a las acusaciones de quienes consideran que algunas de las decisiones del TSXG tienen una motivación más política que jurídica. Son conjeturas que de momento se han quedado en el mero plano de las insinuaciones, pero el nombre de un magistrado aparece desde hace muchos meses de una forma recurrente cada vez que el alto tribunal autonómico ‘tumba’ un nuevo proyecto eólico con el argumento del negativo impacto medioambiental. Se trata del juez y expolítico Luis Villares, que en las elecciones gallegas de 2016 fue candidato a la presidencia de la Xunta por la agrupación de izquierdas En Marea (Podemos, Anova y Esquerda Unida), a quienes algunos apuntan como el principal ‘muñidor’ de la parálisis casi absoluta que padece el desarrollo de las energías renovables en Galicia.
Villares, que se retiró del ruedo político en 2020 para volver a ejercer como magistrado, pertenece a la sala tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, órgano responsable de las suspensiones cautelares que afectan a numerosas ‘plantaciones’ de molinos de viento, y cada vez más voces aluden directamente a él por considerarlo el principal ideólogo de la ‘rebelión antieólica’ que, basada en motivos ecológicos y animalistas, se extiende con fuerza por una región que de vientos y borrascas sabe un rato muy largo.
Villares, que en 2022 salió victorioso de la recusación formulada por Greenalia al cuestionar su imparcialidad en relación con un proyecto eólico promovido por esta empresa energética, vuelve ahora a estar en pleno ojo del huracán debido al gran número de plataformas cuya construcción peligra debido a los rígidos criterios ambientalistas del alto tribunal gallego. En este sentido, cabe destacar que en muy pocas semanas el TSXG ha dado ‘calabazas’ a casi una veintena de proyectos energéticos que ya contaban con la valoración positiva de la Xunta.
Hasta el momento, salvo en contadas ocasiones, los reproches y acusaciones han mantenido un tono bastante plano, pero en ciertos medios las lanzas ya se dirigen contra él con nombres y apellidos. Es el caso del ‘Periódico de la Energía’, que en un reciente artículo señala que “lo que nunca se esperaba el sector renovable es que la Justicia se encargara de echar por tierra miles de millones de euros de inversiones. Eso es lo que está sucediendo en Galicia, donde un juez, expolítico de En Marea (ahora integrada en BNG), ha querido coger la bandera del antirrenovablismo y elevarlo a la quinta esencia”.
Sentencia de muerte a las renovables
La publicación va más allá y afirma con rotundidad que “el magistrado Luis Villares es el hombre que está detrás de que las renovables no puedan desarrollarse en Galicia. Ahora acaba de firmar prácticamente la sentencia de muerte a cientos de parques de renovables, eólicos y solares que pretendían instalarse en la región”, en referencia a los numerosos proyectos que han sido paralizados en los últimos años por el TSXG. Entre esos proyectos suspendidos, destacan los 19 que el alto tribunal gallego ha mandado al cajón de las paralizaciones cautelares en los últimos tres meses, que es el tiempo transcurrido desde que el Tribunal Supremo decretó, en diciembre de 2023, la anulación de una de las resoluciones adoptadas por el organismo gallego tras resolver de forma favorable el recurso presentado por la Xunta.
Muchos empresarios del sector eólico respiraron aliviados al creer que el fallo del TS obligaría al TSXG a cambiar sus criterios, pero nada de eso ha sucedido. Es más, la situación se ha agravado tras el anuncio cursado por el organismo gallego sobre su decisión de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que fije doctrina en cuanto a los periodos obligados de exposición publica de las futuras infraestructuras eólicas, por ser este el principal punto de discrepancia entre el TS y el TSXG.
El máximo órgano judicial europeo suele tardar un año y medio en resolver este tipo de asuntos, así que las suspensiones dictadas por el alto tribunal gallego podrían permanecer en el limbo todo ese tiempo.
El Periódico de la Energía recaba datos de la Asociación de la Energía Eólica y señala que actualmente hay unos 60 proyectos eólicos “afectados por la judicialización”, lo cual supone que están en solfa unos 4.200 millones de inversión y la creación de unos 4.800 empleos durante cinco años.
El director general de la patronal eólica, Juan Virgilio, explica en la citada publicación que el TSXG está poniendo en tela de juicio todo el sistema de evaluación ambiental que hay en todo el territorio nacional, ya no sólo el regional gallego. “Se trata de una norma de más de 11 años que es absolutamente garantista, tal y como se ha demostrado en los últimos años”.
Alfonso Rueda recurrirá de nuevo al Tribunal Supremo
El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, también se ha referido a este asunto en los últimos días y no ha dudado en calificar como de "inédita" la decisión del TSXG de suspender tantos proyectos eólicos y de llevar la cuestión a la Justicia europea tras el ‘tirón de orejas’ recibido por parte del Tribunal Supremo.
Sin embargo, Rueda ha evitado polemizar con el nombre de Villares y se ha limitado a manifestar que la Xunta respeta las decisiones judiciales. Aun así, ya ha anunciado que la Xunta intentará por todos los medios poner fin al parón que padece el desarrollo de la energía eólica en Galicia mediante la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.
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