Treinta y dos proyectos industriales considerados estratégicos por la Xunta de Galicia corren el peligro de no materializarse debido al parón eólico que padece la comunidad desde hace varios años, ya que su construcción depende de tener garantizado un suministro energético ‘verde’ y económico que, a día de hoy, está hipotecado ante la negativa del Tribunal Superior autonómico de dar su ‘bendición’ a la implantación de numerosos parques de viento pese a haber superado todos los requisitos medioambientales a nivel administrativo.
Entre esos proyectos cuyo futuro pende de un hilo figuran desde plantas de hidrógeno renovable hasta varias fábricas de biometano o de metanol verde, pasando por factorías de tejidos sostenibles, la ampliación de grandes conserveras o incluso la supervivencia de gigantes como Alcoa si la multinacional norteamericana del aluminio logra vender su megacomplejo de San Cibrao (Lugo).
Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia, afirma que la parálisis que sufre el sector de las energías renovables pone en serio peligro el desarrollo industrial y pronostica que muchas de esas empresas interesadas en instalarse en la región acabarán buscando otros enclaves si aquí no se soluciona el problema del suministro. En declaraciones a Vozpópuli, Pazo destaca que lo que está ocurriendo en Galicia, en referencia al parón eólico por orden judicial, no tiene parangón en ninguna otra comunidad española y no acaba de entender por qué a veces “nos empeñamos tanto en ir contracorriente, en dirección contraria a la que llevan los demás”. En este sentido, recuerda que otras autonomías “van como un tiro” en el desarrollo de proyectos directamente relacionados con las energías renovables, como es el caso de Aragón, Andalucía o Castilla-León, mientras en Galicia “todo son problemas”.
Los nefastos resultados de esa paralización ya se están viendo, asevera, y todo indica que el panorama puede ir a peor. En este sentido, señala que “el consumo eléctrico en Galicia ha bajado un 36% solo en los últimos cuatro años mientras los demás suben” y teme que, de seguir ese camino, la región se condenará a depender casi únicamente del sector servicios.
Los datos que maneja la Asociación Eólica de Galicia señalan que ya hay unos 70 parques de viento, capaces de generar en conjunto 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Eso supone haber metido en un cajón, durante mucho tiempo, proyectos que suman una inversión de 4.200 millones de euros, que generarán más de 4.000 empleos y que ayudarán a dinamizar muchas áreas rurales muy afectadas por la falta de oportunidades laborales y por la despoblación. Las cifras crecen mucho más si se tienen en cuenta los planes de creación de nuevas industrias que reclaman el suministro de energías verdes, pues del desarrollo eólico depende la puesta en marcha de proyectos con una inversión conjunta de casi 7.000 millones de euros y la creación de 14.000 puestos de trabajo.
Veladas acusaciones contra un juez del Tribunal Superior de Galicia
Manuel Pazo, sin querer polemizar sobre las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sí hace hincapié en el poco respeto que se tiene a veces por el ingente trabajo que realizan los funcionarios, técnicos y consultores encargados de elaborar los informes de impacto ambiental y de velar por la imparcialidad de los mismos. Por eso afirma no entender por qué esa minuciosa labor, que a menudo dura años, es puesta tan a la ligera “en permanente duda” cuando llega el momento de someter los proyectos a exposición pública.
En cuanto a lo que puede ocurrir en el futuro próximo en torno a las recientes resoluciones del TSXG, que ha planteado una cuestión prejudicial en Europa tras el tirón de orejas que recibió a finales del pasado año por parte del Tribunal Supremo, que mostró su oposición a las razones esgrimidas por el órgano gallego para justificar la paralización de proyectos eólicos, Pazo espera que el proceso transcurra de la forma lo más rápida posible. Señala, al respecto, que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite el recurso planteado por el TSXG la situación de estancamiento se puede prolongar aún muchos meses, incluso hasta dos años.
En los últimos cuatro meses, desde que el Tribunal Supremo revocó una de las suspensiones dictadas por el TSXG, el máximo órgano judicial gallego ha dictado la suspensión de 27 nuevos proyectos eólicos, siete de ellos este viernes, tras tomar en consideración las alegaciones planteadas por plataformas vecinales y colectivos ambientalistas y animalistas. La polémica se ha recrudecido de una forma notable en los últimos tiempos debido a las acusaciones de quienes consideran que algunas de las resoluciones del TSXG tienen una motivación más política que jurídica.
Son conjeturas que de momento se han quedado en el mero plano de las insinuaciones, pero el nombre de un magistrado aparece desde hace muchos meses de una forma recurrente cada vez que el alto tribunal autonómico ‘tumba’ un nuevo proyecto eólico con el argumento del negativo impacto medioambiental. Se trata del juez y expolítico Luis Villares, que en las elecciones gallegas de 2016 fue candidato a la presidencia de la Xunta por la agrupación de izquierdas En Marea (Podemos, Anova y Esquerda Unida), a quienes algunos apuntan como el principal ‘muñidor’ de la parálisis casi absoluta que padece el desarrollo de las energías renovables en Galicia.
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