La Operación Púnica sacude los cimientos de diez ayuntamientos en los días previos a su constitución. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado durante la mañana de este martes en los consistorios Madrid, Valencia, Castellón, los municipios valencianos de Denia y Gandía, el alicantino de Elche, y los madrileños de Coslada, Alcobendas, Collado Villalba, Majadahonda, Valdemoro y Moraleja de Enmedio para recabar toda la documentación que tengan sobre los contratos que hubieran adjudicado a las empresas de Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama. En esta última localidad, se está efectuando un registro. En el resto, se solicita por orden judicial. Buscan, en concreto, los relacionados con servicios de reputación online, similares a los que han terminado costando recientemente la imputación al que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria; a la consejera de Educación, Lucía Figar; y al consejero de Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz.
La pista sobre la contratación por parte de estos consistorios del conseguidor de la trama apareció en el registro que se hizo en octubre pasado de las oficinas en Valencia de las dos empresas de Alejandro de Pedro, EICO Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, en el que aparecieron documentos relacionados con dichos trabajos. Posteriormente, las sospechas se confirmaron con la declaración de algunos de los empleados de las mismas. De hecho, algunos de éstos reconocieron al juez Eloy Velasco que habían hecho trabajos para algunos políticos sobre los que el magistrado preguntó expresamente. Fue el caso de María José Gutiérrez, jefa del departamento de posicionamiento en web de la empresa del conseguidor, quien aseguró al magistrado que desde que se incorporó a la empresa en 2012 realizó numerosos servicios reputación 'online' para instituciones públicas y, sobre todo, para los políticos que ocupaban sus cargos.
Velasco preguntó a dos empleadas del 'conseguidor' si habían trabajado para Ana Botella. Una de ellas reconoció que "se comentó que se iba a hacer"
Otros clientes
Así, junto al presidente de la Comunidad de Madrid y su titular de Educación, esta trabajadora de Alejandro de Pedro detalló que ella y sus compañeros también hicieron labores similares para los ayuntamientos madrileños de Majadahonda, Alcobendas, Coslada, Valdemoro y Collado Villalba, todos ellos gobernados por el PP. Los dos últimos ya fueron registrados por la Guardia Civil en octubre. Los otros tres son a los que ahora han acudido los agentes a requerir documentación sobre los mismos. Esta empleada del conseguidor también detalló que había hecho trabajos similares para Arturo Torró, regidor popular de Gandía (Valencia), otro de los consistorios visitado este martes por la UCO.
Esta testigo también detalló otros clientes, como la también popular Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León que fue asesinada a tiros en mayo de 2014, y su sucesor, Marcos Martínez, detenido en la Operación Púnica. La empresa también prestó sus servicios supuestamente para Rita Barberá, la alcaldesa saliente de Valencia e, incluso, tenía en cartera hacerlos para la regidora de Cartagena (Murcia) y diputada, Pilar Barreiro. En este último caso, la ingeniera aseguró que no llegó a empezar los trabajos porque una semana antes se produjeron las detenciones de la Operación Púnica que dejaron inactiva la sociedad.
Algo similar ocurrió con Ana Botella y el Ayuntamiento de Madrid. El juez Velasco interrogó a dos empleadas del conseguidor sobre si habían trabajado para la alcaldesa de la capital y una de ellas reconoció que "se comentó que se iba a hacer". De hecho, el magistrado le preguntó en primer lugar si "había realizado publicidad para el PP de Madrid", para a continuación plantearle de manera insistente cuestiones sobre la política y el consistorio de la capital:
Juez Velasco: ¿Ha realizado trabajos para Ana Botella, alcaldesa de Madrid?
Testigo: No.
JV: ¿No? ¿Sabe si se ha facultado (sic) al Ayuntamiento de Madrid por los trabajos de Ana Botella? ¿Por su empresa?
T: No.
JV: ¿Alguien de su empresa que llevara el tema del Ayuntamiento de Madrid?
T: No.
El tono casi inaudible de las respuestas terminó por irritar al magistrado, que le exigió que levantara la voz y no se limitara a responder con monosílabos. "Si no lo sabe, dice 'no-lo-sé'. Muy fácil, son tres palabras, muy cortas además". Idéntico interrogatorio y con similar intensidad le planteaba poco después el magistrado a una segunda trabajadora de EICO. Ésta admitió que "se habló" de que se iba a hacer, aunque negó haberlo llegado a hacer.
JV: Para el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ¿le han trabajado, le han hecho alguna vez algún trabajo de web o de posicionamiento de algo?
T: De posicionamiento no hemos llegado... se comentó que se iba a hacer, pero yo nunca he llegado a hacer nada...
JV: ¿Cuándo se comentó? ¿Después de este verano? ¿Antes de este verano pasado?
T: Fue este año, pero no llegó a nada, no lo sé...
Tras intercalar algunas preguntas sobre posibles trabajos relacionados con el Gobierno de Murcia y el actual candidato del PP a la presidencia de esta región, Pedro Antonio Sánchez, el magistrado volvía de nuevo a preguntarle sobre el consistorio de la capital y, más en concreto, sobre la regidora.
JV: Para Ana Botella, alcaldesa de Madrid, ¿ha realizado algún tipo de trabajo informático?
T: No
JV: ¿Ha facturado para el Ayuntamiento de Madrid por trabajos de Ana Botella?
T: No lo sé, yo facturar, no lo sé...
Desde el equipo de la alcaldesa saliente se negaba hace algunas semanas a Vozpópuli tener "tener nada que ver" con Alejandro de Pedro ni ninguna de sus empresas, con las que aseguran no haber contratado "nada, ni conocerlos". "Es verdad que muchas empresas se dirigen a nosotros para ofrecernos sus servicios en las redes sociales, pero en todos los casos lo hemos rechazado", recalcaron.
"Contrarrestar noticias malas"
Según detallaron los empleados del conseguidor al juez Velasco, su trabajo consistía en "contrarrestar noticias malas, neutralizarlas" para lo cual contaban con una red de más de 60 periódicos digitales zombies creados desde otra empresa del conseguidor, Madiva Editorial y Publicidad SL, en los que se publicaban informaciones positivas sobre estos cargos públicos para así poder desplazar de la primera página de los buscadores las negativas de los mismos. Fue el caso del ático de Marbella de Ignacio González, pero también las numerosas imputaciones que recaían sobre Isabel Carrasco o el polémico cobro por parte de Lucía Figar de un cheque guardería de su propia consejería para su hija pequeña. Minimizar esta última fue, según el testimonio de la trabajadora de EICO, "uno de nuestros huesos porque no podíamos bajarla". Por ello, la trabajadora aseguró que tuvieron que dedicarle varias horas a la semana durante diferentes meses. "No puede desaparecer en web. Lo único que haces es generar mucho contenido [positivo] e intentar que este otro contenido coja más fuerza para que ese baje", explicó a preguntas de Anticorrupción.
