El choque entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y los fiscales del procés por la amnistía a la malversación amaga con partir en dos la cúpula de la Fiscalía. El criterio de los cuatro fiscales de Sala que se niegan a amnistiar el desvío de fondos públicos del 1-O terminará casi con total seguridad ante la Junta de Fiscales de Sala, que se escindirá en relación a este asunto.
Fuentes fiscales confirman a Vozpópuli que las dos posturas completamente contrarias van a terminar abordándose ante la cúpula de la carrera fiscal. La tesis de estos fiscales acerca de que la malversación del procés no tiene encaje en la amnistía recabará el respaldo de gran parte de esta Junta de Fiscales de Sala, órgano que tiene como función asesorar al fiscal general.
Así pues, aunque finalmente se impondrá el criterio jerárquico de Álvaro García Ortiz, la ruptura de este órgano en relación a si el delito de malversación encaja en la ley evidenciará una profunda división en la jefatura del Ministerio Público.
La malversación en la amnistía
Esta nueva colisión en la cúspide del Ministerio Público se produce en un momento especialmente delicado por otros frentes que afectan al fiscal general, tales como la investigación impulsada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunta revelación de secretos, o el recurso que interpuso la APIF contra su nombramiento en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Sin embargo, lo relativo a la amnistía en el procés se ha convertido en una cuestión especialmente relevante dentro de la Fiscalía General del Estado. El órgano -que acaba de contabilizar 82 procedimientos penales afectados por la ley- lleva meses trabajando para tratar de armar un criterio único favorable a la aplicabilidad de la norma en todas estas causas.
En ese sentido, todas las miradas estaban puestas en el Tribunal Supremo por ser el órgano que ha dirigido la gran causa contra la deriva independentista y, también, por instruir desde el pasado mes de febrero un nuevo procedimiento contra Carles Puigdemont por delito de terrorismo.
En relación a la causa del procés, los fiscales al frente de la misma han sido especialmente críticos con la amnistía desde que se conociera que el PSOE trabajaba en esta ley para, a cambio, desencallar la investidura de Pedro Sánchez.
El artículo 27
Estos cuatro fiscales del procés trasladaron a García Ortiz hace apenas unas semanas que se opondrían a amnistiar la malversación. Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno redactaron un borrador muy técnico en el que avalaron amnistiar los desórdenes públicos y la desobediencia del procés, pero no la malversación de caudales públicos.
Esta semana, tras la publicación en el BOE de la ley de amnistía, han ratificado su criterio. El documento definitivo remitido al fiscal general determina que Puigdemont, Junqueras y el resto de miembros del Govern implicados en el procés cometieron la modalidad de malversación activa al apropiarse de fondos públicos para beneficio propio.
Se trata de un criterio que no van a modificar pese a que desde la cúpula de la Fiscalía General se den otras instrucciones. Ante esta disparidad de valoraciones, la única salida posible es la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, tal y como regula el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
De hecho, los fiscales trasladaron a su superior que si considera que debe aplicarse la amnistía "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada". Fuentes de la Fiscalía General consultadas por este medio explican que García Ortiz responderá pronto a este informe, teniendo en cuenta los cinco días de plazo que les dio el Tribunal Supremo para informar sobre la amnistía y que prevén prorrogarse.
Se espera que una vez reciban la orden por escrito, los fiscales del procés pidan la convocatoria de la Junta y García Ortiz la acuerde. Este órgano lo integran 39 fiscales -incluido el propio fiscal general- que componen la cúpula de la carrera fiscal.
Entre sus miembros destacan la 'número dos' de la institución, María Ángeles Sánchez-Conde; los fiscales de Sala del Tribunal Supremo (que ostentan la categoría más alta de la carrera) y otros cargos especialmente relevantes como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; o el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Escisión en la Junta de Fiscales de Sala
Las fuentes consultadas por este medio avanzan que la convocatoria de un cónclave sobre este asunto partirá en dos este órgano evidenciando una escisión en la cúpula fiscal en lo que respecta al delito concreto de la malversación. Al respecto cabe recordar que la gran mayoría de los ascensos efectuados bajo la etapa de Dolores Delgado pertenecen a la UPF y, por tanto, son cercanos tanto a ella como a su sucesor y mano derecho, Álvaro García Ortiz.
Así pues, un gran número de fiscales que integran esta Junta apoyará la tesis del fiscal general. Ahora bien, también se espera un amplio respaldo a la postura que defienden los fiscales del procés en relación con el nulo encaje de la malversación en la amnistía, en cuyo artículo primero se advierte que no serán amnistiados los actos del procés que derivaron un enriquecimiento personal.
Con todo, el resultado de esta deliberación no es vinculante y el fiscal general no está obligado a acatar lo que imponga la mayoría en el cónclave. Por ello se espera que García Ortiz mantenga el aval de la Fiscalía a amnistiar todos los delitos del procés.
Las fuentes consultadas no descartan que, una vez deliberada la cuestión, el fiscal general encargue a su 'número dos', la teniente fiscal del Supremo, la redacción del informe que se remitirá a la causa del procés. Precisamente este fue el escenario que se produjo en el marco de la deliberación sobre la petición de abrir una investigación a Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo por delito de terrorismo.
La Junta de Fiscales del Supremo avaló por amplia mayoría informar a favor de la exposición razonada que remitió el instructor del caso contra Tsunami Democràtic. Sin embargo, el fiscal general ordenó a Sánchez Conde que informara en sentido contrario; esto es, en contra de abrir causa contra Puigdemont. La Sala de lo Penal desoyó su criterio y acordó investigar al líder de Junts por delito de terrorismo. La decisión se tomó por unanimidad.
En este caso pues, se espera que el fiscal general actúe en idéntico sentido, aunque otras fuentes consultadas tampoco descartan que baraje recurrir al fiscal ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, para que informe a favor de avalar la amnistía allanado así el camino de la ley al tribunal de garantías.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación