En el último año los términos "lawfare", "guerra judicial" o "politización de la justicia" se han colado de manera abrupta en el debate político español. La tramitación de la amnistía y los ataques a jueces y fiscales, dirigidos desde diferentes espectros políticos, han potenciado la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Un escenario social que ha aprovechado el exjuez español Baltasar Garzón para criticar la salud del Estado de Derecho en España y arremeter contra el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
El exmagistrado ha participado este martes en un seminario jurídico internacional celebrado en Colombia sobre 'lawfare' y donde ha expresado su preocupación por la instrumentalización del poder judicial. El jurista ha arremetido contra ciertos representantes del Poder Judicial que, según ha defendido, utilizan su rango para "participar de forma activa" en el debate político.
En este contexto, Garzón se ha referido a los magistrados del Tribunal Supremo que han tumbado los dos nombramientos de su mujer, Dolores Delgado. El jurista español, expulsado de la carrera judicial, ha arremetido contra decisiones tomadas por "salas de lo contencioso-administrativo del Supremo en espacios temporales con citas electorales" al frente.
Garzón entiende que este tipo de dinámicas "van en contra de sus propios" criterios y favorecen las estrategias impulsadas por determinados partidos con las que se intentan trasladar los conflictos políticos a los procedimientos judiciales. De esta manera, el marido de la exministra de Justicia sale en defensa también del fiscal general, Álvaro García-Ortiz, quien continúa a la espera de que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se pronuncien sobre el recurso pendiente en contra de su propia designación.
Garzón critica al CGPJ por la tramitación de la amnistía
El exjuez ha aprovechado el foro abierto por el Grupo Puebla para criticar también al Consejo General del Poder Judicial. El jurista ha hecho referencia a la emisión de informes por parte del CGPJ, sobre la proposición de ley de amnistía que está a punto de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, los cuales ha calificado de "opiniones" o "valoraciones".
En ese sentido, el exdiputado ha añadido que antes siquiera de que la ley se presentara en el Parlamento, "comenzó una acción por parte de determinados actores políticos y del poder judicial que generaron una dinámica y un debate sobre algo que no existía". "Organismos como el Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado cinco años, está emanando decisiones e interviniendo en procesos políticos a través de informes", como los relativos a la amnistía o la "idoneidad de cargos" que genera "una desconfianza absoluta".
Baltasar Garzón ha manifestado, por tanto, su desacuerdo con que jueces y magistrados salieran a las calles en contra del acuerdo firmado entre Junts y el PSOE -donde se hacía referencia al 'lawfare' y a la creación de comisiones de investigación. "Es una gravísima alteración de lo que debe ser ese equilibro de esos contrapesos de poder", sentencia.
En la misma línea, el letrado no ha dudado en afirmar que desde hace cosa de un año, ciertos representantes del Poder Judicial presentes en el Tribunal Supremo o el CGPJ están desempeñando un papel fuera de sus funciones y favoreciendo -junto a campañas de información orquestadas por algunos partidos políticos- "la politización de toda la acción judicial".
Causa contra Begoña Gómez
El abogado ha sacado a la palestra la causa contra Begoña Gómez, que actualmente se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, como ejemplo de lo que su marido Pedro Sánchez ha bautizado como "máquina del fango". "Cada vez que se le ocurre a una formación política que algo no sale a su gusto, presenta una querella contra el partido político opuesto o contra personas o denuncian a la mujer del presidente". Según el letrado, este tipo de casos no llegan a traducirse en "nada", desde el punto de vista judicial, pero provocan un daño político irreparable. Garzón presenta una denominación para este fenómeno: "Inflac¡ción de denuncias y querellas".
No es la primera vez que el jurista utiliza el altavoz del Grupo Puebla para lanzar acusaciones de "lawfare" a los jueces españoles. En el mes de noviembre, el exjuez publicó un artículo a través de la entidad latinoamericana en el que ya criticó el dictamen emitido por el CGPJ tras conocerse en pacto de gobierno firmado por el PSOE y Junts. "Por el momento, lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es su alineamiento político con la oposición para entorpecer la investidura del presidente Sánchez, en línea convergente con la estrategia del PP y Vox", escribió.
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