Desde hace meses, es casi imposible encontrar declaraciones de Artur Mas sobre asuntos que no guarden relación con el soberanismo. Entre tanto 9-N y tanto "derecho a decidir", poco se habla de la gestión de la Generalitat catalana. Mucho mejor para el Govern de CiU. Y es que, amén de su política fiscal, con la recaudación de 700 millones aún en el aire, en asuntos sociales el panorama no es precisamente el más halagüeño. En los últimos meses, el Ejecutivo regional no ha pagado a las farmacias de la comunidad la friolera de 220 millones de euros porque tiene que destinar el dinero de las arcas públicas a pagar sus vencimientos de deuda.
El pasado octubre trascendió que el Govern catalán no había pagado los 101,2 millones de euros que las farmacias catalanas deberían haber cobrado por los productos dispensados a los ciudadanos. Una cantidad que se sumaba a los 119,7 que tampoco abonó en septiembre. Así, la deuda total con el sector ascendía ya a 220,9 millones, sin que haya trascendido todavía si en noviembre el Ejecutivo ha cumplido con sus compromisos. El Gobierno amplía el FLA para que Cataluña y Valencia paguen sus deudas con las farmacias
Fue el propio Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña el que denunció, en un comunicado, que la situación "se agrava cuando, actualmente, la Administración todavía no ha trasladado el calendario de pagos que se continúa pidiendo desde el sector". Que la Generalitat acumule al menos dos meses de retraso en el pago de los medicamentos y no aclare el escenario hasta final de año "deja a la farmacia en un punto total de incertidumbre y angustia", se lamentaron los boticarios catalanes en su manifiesto.
Según los datos publicados por el Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2014, Cataluña acumula una deuda de 61.836 millones de euros, un 32,1% de su PIB
La razón que esgrime la Generalitat para no pagar los medicamentos es que tiene problemas de tesorería. Es decir, no hay dinero para pagar, al menos de momento. Y es que, según diversas fuentes, el problema es que la Administración catalana se ve obligada a dar prevalencia al pago de sus vencimientos de deuda. No puede perderse de vista, en este sentido, que según los datos publicados por el Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2014 y recogidos por varios medios en su momento, Cataluña acumula una deuda de 61.836 millones de euros, un 32,1% de su PIB.
De hecho, en 2015 los presupuestos generales del Estado volverán a ser generosos con la Generalitat, según los cálculos que maneja el Ejecutivo del PP. Al tratarse de una comunidad sujeta al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), tendrá una inyección extra de liquidez de 1.700 millones de euros, gracias a la decisión del Ministerio de Hacienda de retrasar el pago de la deuda que éste y otros territorios tienen contraída con el Estado.
Las residencias de ancianos, también afectadas
El caso de las farmacias no es el único. Los problemas de liquidez de la Generalitat son de tal calibre que el pasado octubre el departamento de Bienestar Social y Familia de Cataluña comunicó a las entidades sociales que, por el mismo argumento de su exigua tesorería, prorrogará hasta final de año el impago del 25% de las facturas de sus conciertos, lo que equivale a 12 millones de los 50 que debe pagar. Se aplicarán criterios de proporcionalidad, de modo que todas las entidades cobren al menos un 75% de sus facturas del último cuatrimestre de este año.
Así las cosas, la conselleria no podrán satisfacer el cien por cien del importe mensual de los conciertos del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Es decir, las afectadas son las residencias de ancianos y los centros de menores. El anuncio fue acogido otra vez de muy mala gana por parte de las entidades sociales, que, según arguyen, llevan años trabajando con dificultades económicas. De hecho, ya vivieron esta situación hace dos años, cuando también los problemas de tesorería de la Generalitat motivaron el impago de algunos meses.
La Generalitat ha garantizado a los sindicatos de la función pública que recuperará la paga extra, pero los presupuestos siguen en el aire por la crisis política del 9-N
En cuanto a la gestión de los recursos públicos, la Generalitat tiene un grave problema sin resolver con los más de 221.000 funcionarios cuyas nóminas paga cada mes. En este momento, todos ellos no tienen ni idea sobre si en 2015 cobrarán o no la paga extra que el Ejecutivo de Mas congeló en su momento. Hace unos días, la agencia Efe avanzó que la Generalitat había garantizado a los sindicatos de la Función Pública que el próximo año el personal al servicio de la administración catalana recuperaría la paga extra, de forma que el año que viene los empleados públicos volverían a tener 12 mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias. Ocurre, sin embargo, que estos presupuestos están en al aire porque la crisis política a raíz del desafío soberanista puede provocar un adelanto electoral.
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