El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos del Ejecutivo central contra tres leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, entre ellas la que impone un impuesto sobre las viviendas vacías, normas que quedan suspendidas de forma cautelar.
Se trata, además de la normativa sobre los pisos desocupados, de la ley de igualdad entre hombres y mujeres y de la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña, todas ellas recurridas por el Gobierno central a finales de abril.
Además, el tribunal de garantías ha admitido a trámite un conflicto de competencia impulsado por la Generalitat contra el plan estatal de impulso al Medio Ambiente para la reducción de gases contaminantes en las empresas y otro recurso del Gobierno catalán contra la ley estatal de Protección Civil.
El Parlament y la Generalitat de Cataluña dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones
Las decisiones del TC llegan en un momento de deshielo en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat catalana, tras la reunión de sus presidentes, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, el pasado 20 de abril, y el posterior encuentro entre los vicepresidentes, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, el jueves pasado. Hasta ahora, el Gobierno de Rajoy ha recurrido 34 normas catalanas, mientras que la Generalitat ha presentado 51 recursos contra leyes estatales.
En concreto el Pleno del TC ha dictado cinco providencias en una de las cuales admite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España contra varios preceptos de la ley del Parlamento de Cataluña de 21 de julio del año pasado del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias y de la ley de 2012.
En otra resolución el Pleno del TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra el artículo 19.6 de la Ley del Parlament de Cataluña de 21 de julio del año pasado de simplificación de la actividad de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales catalanes y de impulso a la actividad económica.
Otra providencia admite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo nacional contra varios preceptos de la Ley del Parlament de Cataluña de 21 de junio del año pasado de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
El tribunal acuerda dar traslado de las demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlament y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
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