El Gobierno prepara su artillería legal para evitar que la Generalitat pueda celebrar el anunciado plebiscito sobre la independencia de Cataluña, previsto para el próximo día 9 de noviembre. El Ejecutivo de Artur Mas dio un paso importante la semana pasada al conseguir que la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament aprobara el proyecto de la ley de consultas, el andamiaje bajo el que pretende amparar la supuesta legalidad de su referéndum.
Ahora sólo quedan dos pasos para cerrar el proceso. De un lado, su remisión al denominado Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de Consejo de Estado catalán, que emitirá un informe no vinculante sobre el proyecto. Y de otro, la aprobación en el Pleno de la Cámara catalana de esta norma. Este pleno se celebraría previsiblemente en el mes de septiembre para así permitir que se cumpla con los plazos establecidos y pueda convocarse el plebiscito al menos 30 días antes de la fecha señalada para su celebración. Cabe pensar que la votación del pleno refleje el mismo resultado que el registrado en la comisión de Asuntos Institucionales, es decir, tan sólo los votos en contra de PP y Ciudadanos. Hay que recordar que el PSC votó favorablemente al dictamen.
El 'plan Ibarretxe'
El Gobierno de Rajoy, sin embargo, estudia diversas fórmulas para atajar el recorrido legal de la nueva ley, que viene desarrollando la Generalitat desde principios de año, según fuentes conocedoras del caso. Para ello tiene dispuesto una especie de 'operación bloqueo' mediante la presentación de un recurso al Constitucional antes incluso de que la Generalitat proceda a la aprobación del decreto de convocatoria.
Fuentes del Ejecutivo señalan que este recurso podría presentarse una vez que la ley de consultas haya recibido la aprobación en el Parlament y evitar así el revolcón jurídico que propinó en su momento el Alto Tribunal al recurso presentado por el Gobierno de José María Aznar contra el denominado 'plan Ibarretxe', ya que lo hizo antes de que esta iniciativa del PNV fuera aprobada por la Cámara del País Vasco. El entonces lehendakari vasco acudió con un proyecto al Congreso y, ahí sí, vio como su plan quedaba desaborlado. Es decir, la clave es recurrir la ley de consultas antes que el decreto de convocatoria del plebiscito.
Se trata de derribar el "misil" antes de que haya sido cargado en la plataforma de lanzamiento
Una vez presentado el recurso contra la ley de consultas, bajo el amparo del artículo 161.2 de la Constitución, la iniciativa legislativa del Parlament quedaría automáticamente en suspenso, a la espera del fallo del Alto Tribunal, que debería hacerse público antes de transcurridos cinco meses. El artículo 161.2 de la Constitución, 'hijo directo' del tantas veces mencionado 155, produce la suspensión automática de la vigencia y la aplicación del precepto impugnado.
Tiempo al tiempo
La clave ahora está en afinar contra qué aspectos de la ley de consultas catalana tiene previsto centrar su recurso el Gobierno, ya que se trata de una norma muy aquilatada, perfectamente ambigua en casi todo su articulado para evitar cualquier tipo de problemas en el Constitucional.
La estrategia de los juristas del Gobierno que trabajan en este asunto busca ganarle tiempo al tiempo y evitar sorpresas de última hora. En el caso de recurrir la convocatoria del plebiscito y no la ley que lo ampara, tendría que solicitar un informe al Consejo de Estado y, posteriormente, aprobar este recurso en el Consejo de Ministros. Tendría un plazo de apenas un mes, lo que se considera un lapso demasiado corto para lograr el objetivo. También se evita el factor político y psicológico de atacar la legalidad del plebiscito una vez que se ha convocado. Es decir, se trata de derribar el "misil" antes de que haya sido cargado en la plataforma de lanzamiento.
