La Generalitat de Cataluña se personará en la causa del 3%, un caso de corrupción que afecta a la antigua CDC, para poder acceder a la instrucción y al sumario y determinar si hubo "perjuicio patrimonial" a la administración catalana.
Así lo ha ordenado el presidente catalán, Quim Torra, este martes al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve.
"Este primer paso de comparecer es del todo necesario para que los servicios jurídicos de la Generalitat puedan hacer un análisis del material incorporado a la causa y evaluar si ha podido haber perjuicio patrimonial a la Generalitat", ha explicado la Oficina de Comunicación del president en un comunicado.
Si del análisis de las diligencias practicadas, añade el comunicado, "se desprende que ha habido un perjuicio para la Generalitat, se formulará escrito de acusación".
"La Generalitat se tiene que personar para conocer el material, y lo hace en calidad de acusación particular por si después de hacer el análisis se considerase que ha sido perjudicada", argumenta.
Esta decisión llega después de que el juez José de la Mata propusiera juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, y al ex responsable jurídico de la formación Francesc Xavier Sánchez, entre otros, por el cobro del 3% a cambio de adjudicaciones públicas, una "estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político ilegalmente".
En la carta que ha dirigido a Francesc Esteve, Torra recuerda que el pasado 30 de julio el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dictó un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.
De acuerdo con este auto, de las diligencias practicadas "han quedado indiciariamente acreditados determinados hechos como determinantes de responsabilidad penal y se ha identificado a determinadas personas como presuntamente responsables", dice Torra.
Dado que "del conjunto de hechos, datos y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción se podrían derivar hechos constitutivos de delito que hayan producido un perjuicio a la Generalitat", subraya, es "necesaria la comparecencia en este procedimiento, en defensa de sus intereses".
Por ello, añade, "se considera procedente que, por parte del Gabinete Jurídico de la Generalitat, se comparezca, en calidad de acusación particular, en este procedimiento", para determinar si se ha producido un "perjuicio a la Generalitat" y "se ejecuten las acciones oportunas contra las personas directamente responsables de los hechos constitutivos de delito, así como cualquier otra persona que por su relación directa con los hechos investigados hubiese colaborado de forma activa y consciente" en este caso de corrupción.
"Recuperaremos hasta el último euro público corrompido"
Hace unos días, fue el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, quien planteó la necesidad de que la Generalitat se personara en el caso del 3%, una idea a la que Torra abrió la puerta aunque dejó la decisión en manos de los servicios jurídicos del Ejecutivo catalán.
Tras hacerse pública la noticia, Aragonès ha destacado: "Nos personamos en la causa del 3 % como Gobierno de Cataluña. Perseguiremos la corrupción y recuperaremos hasta el último euro público corrompido".
Por otra parte, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado a Torra por pedir el "cese" del letrado que se negó a publicar puntos controvertidos de las resoluciones sobre el rey: "Parece más bien el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, con estos tics totalitarios".
Mientras tanto, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha acusado a Torra de ser "cruel" con los letrados del Parlament y, en cambio, "cobarde frente a los poderosos".
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