El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido este jueves prorrogar otros dos años más la prisión preventiva en la que se encuentra desde diciembre de 2012 el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans ante el riesgo de que pueda fugarse.
Tras una vista en presencia del acusado en la que la Fiscalía ha reclamado que continúe ingresado en Soto del Real, Velasco ha dictado un auto en el que afirma que es "indispensable" que siga en prisión ante "la concurrencia de extremos justificadores de la prórroga".
Explica que concederle la libertad podría suponer que el acusado pidiera que se le descontara el tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva por el caso Marsans de la condena firme a 2 años y 2 meses que le impuso la Audiencia Nacional el pasado diciembre por defraudar 99 millones la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet. Con ello, empezaría a gozar inmediatamente de beneficios penitenciarios y salidas de la cárcel, que podría aprovechar para fugarse dada la "disponibilidad económica que podría tener en el extranjero".
A todo ello se une la gravedad de los delitos de los que se le acusa -alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo e integración en grupo criminal-, por los que ya se ha dictado apertura de juicio oral y por los que el fiscal ha solicitado 15 años de prisión. "Todo ello sin perjuicio de la cercanía de la fecha de la celebración del juicio que determine la concreta imposición de pena a que esta compleja causa requiera", precisa el juez.
La colaboración de Ángel de Cabo
Díaz Ferrán ha sido trasladado este jueves desde la cárcel madrileña para asistir a la comparecencia que señaló Velasco al cumplirse dos años de su ingreso en prisión, ya que fue detenido el 3 de diciembre de 2012 y, dos días después, le encarceló bajo fianza de 30 millones de euros. También estableció otra de 50 millones para el empresario valenciano Ángel de Cabo, que quedó libre el pasado julio tras pagar los 300.000 euros a los que redujo finalmente su cuantía por haber colaborado con la Justicia.
De hecho, fue De Cabo el que, con una declaración que prestó de forma voluntaria ante la Policía el 27 de noviembre de 2013 desde la cárcel de Picassent, apuntó a que Díaz Ferrán podría estar ocultando fondos en varias cuentas en Hong Kong que abrió supuestamente para recibir los pagos del empresario a cambio del traspaso de Marsans. Según el fiscal, Díaz Ferrán y su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, decidieron recurrir a De Cabo en abril de 2010 ante la "lamentable situación patrimonial" que afectaba a la compañía y su patrimonio personal.
Fue así como decidieron salvar de las ejecuciones a las que "se veían abocados la mayor parte" de sus bienes mediante el "sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial" en perjuicio de sus acreedores, acordando para ello con De Cabo una cesión gratuita a cambio de que, una vez realizado el ocultamiento, recibieran 8 millones en pagas mensuales de 100.000 euros.
Díaz Ferrán reconoció en un escrito remitido al juez el pasado octubre que era autor de un delito de alzamiento de bienes al cometer el "grave error" de "confiar" en De Cabo para reflotar Marsans, buscando así una atenuante que rebaje su condena.
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