El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.
Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) determinará primero un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones que podría ampliarse.
En este sentido, ha explicado que se revisará el régimen sancionador para reforzarlo, según sean infracciones administrativas o contables, lo que conllevará una reforma del código penal sin efectos retroactivos, como había propuesto el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho, que fije las obligaciones legales de los gestores y que guíe la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit. Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal" más intensa.
"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina según infracciones del ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero un cuadro de obligaciones legales de cada gestor público.
La vicepresidenta ha recordado que las sanciones penales a los malos gestores pueden conllevar penas de prisión u otras "también adecuadas" como las inhabilitaciones, cuyas causas podrían ampliarse.
Valoración de las primeras medidas
La vicepresidenta ha valorado "los primeros grandes acuerdos" que han salido del CPFF tras comenzar la legislatura de Mariano Rajoy: la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, los programas de racionalización del gasto público y las medidas de financiación y liquidez dirigidas a las comunidades autónomas.
Al respecto, ha indicado que las nuevas medidas están "condicionadas" al cumplimiento de los objetivos de déficit y a la puesta en marcha de reformas estructurales.
Sobre el plan de reestructuración del sector público, ha estimado que el ahorro en la reducción de direcciones generales "sólo en gastos de personal y sin mermar en eficacia" puede llegar a un millón de euros.
Ha señalado que ya se ha creado un grupo de trabajo para seguir la implementación de los planes de reducción de los organismos autónomos y entes públicos regionales.
También ha avanzado que el Consejo ha aprobado reducir en un 18 % el número de subdirecciones generales del Ministerio de Presidencia, que han pasado de 23 a 19 y otras tantas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro del plan de austeridad y contención del número de altos cargos de la estructura ministerial.
