El interrogatorio de Arancha González Laya por la entrada de Brahim Ghali a España dejó entrever las dudas del magistrado Rafael Lasala en relación a si el Gobierno actuó por razones humanitarias o bien por algún motivo de índole político. En los 55 minutos de declaración de la exministra de Asuntos Exteriores, el magistrado dejó patente su desconfianza acerca de los verdaderos motivos que le llevaron a acoger al líder del Frente Polisario así como al conocimiento que tuviera el Gobierno de sus frentes judiciales abiertos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que mantiene abierto este procedimiento por los delitos de prevaricación y falsedad documental, puso el foco en una reunión que mantuvieron el entonces jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, y su homóloga en el departamento de Interior, Susana Crisóstomo el 23 de abril de este año. El juez explicó que supo de esta reunión gracias al testimonio prestado por Villarino (también imputado en la causa) y quien explicó que se mantuvo una reunión de alto nivel para estudiar la idoneidad de la acogida de Ghali. El activista llevaba tan solo cinco días en España y estaba hospitalizado en Logroño bajo una identidad falsa.
"La declaración del señor Villarino fue muy precisa, me pareció muy detallista. Dijo que el viernes 23 de abril le llamó la jefa de gabinete del Ministerio del Interior y le dijo que la Policía Judicial les habló de una providencia del juez diciendo que tienen que informar de la localización de este señor. Él dijo: 'Por supuesto, si esto es así, procédase'", explicó el instructor. El mismo explicó a la exministra que dicho mes todavía no había ninguna providencia del magistrado Santiago Pedraz, sino que existía una del año 2013, del anterior instructor de una causa abierta contra el activista saharaui. Ese documento es clave porque ahí ya se hablaba de su búsqueda sin éxito, tal y como informó este medio.
"Yo no tenía conocimiento de ello. Lo desconocía", respondió Laya, la cual, volvió a retomar el asunto a preguntas de la Abogacía General del Estado (que le defiende en el procedimiento). "¿Usted tiene acceso a conocer si existe cualquier tipo de providencia en cualquiera de los juzgados de España?", le preguntó la abogada del Estado María del Mar González, a lo que Laya respondió: "Ni lo tengo ni he pedido tenerlo. De lo que se trató, en lo que a mi respecta, es de responder de buena fe a una petición de un país tercero que se me hace", dijo.
"Jamás hubiese aceptado saltarme la Ley"
"Si yo hubiese tenido conocimiento de cualquier circunstancia relativa a Brahim Ghali que supusiese tanto desde el punto de vista administrativo, judicial... algún tipo de ilícito por mi parte dejándole entrar en nuestro país, jamás hubiese aceptado eso. Jamás hubiese aceptado saltarme la Ley para responder a una necesidad humanitaria. Se trata de responder a lo humanitario dentro del respeto de la Ley", precisó desligándose de este modo de las causas abiertas entonces en la Audiencia Nacional contra el líder del Frente Polisario por delitos de tortura y lesa humanidad.
Sin embargo el magistrado aprovechó el interrogatorio a la exministra (a quien le atribuye los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento) para mostrar su desconfianza por los motivos que llevaron al Gobierno a recibir a Ghali y a su hijo el 18 de abril sin identificarles y sin pasarles por el control de aduanas. Al hilo, también dudó del verdadero conocimiento que tenía el Ejecutivo acerca de la persona a la que le estaban facilitando la entrada, pero la exministra de Exteriores fue tajante al asegurar que eran conocedores de que se trataba de Brahim Ghali y que podría generar tensiones con Marruecos.
Lo cierto es que aunque Laya cerró la puerta a seguir escalando en los mandos del Gobierno en aras a llegar a la persona o personas que dieron luz verde a la petición de Argelia, el instructor no desiste en su intención por despejar la X del caso Ghali. De hecho, recabará más pistas sobre el operativo el próximo 18 de octubre cuando tome declaración en calidad de testigos a Isabel Valldecabres (exjefa de gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo), y a Susana Crisostomo (jefa de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska).
La búsqueda de 2013
A esta última le preguntará por el conocimiento que tenían en el Gobierno acerca de que la Audiencia Nacional estaba actuando en aras a identificar a la persona ingresada en el hospital de Logroño bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. Pero no solo eso, también se interesará por una providencia del magistrado Pablo Ruz (anterior instructor de las causas abiertas contra el activista saharaui) que data de 2013 y que el Ejecutivo podría conocer. El escrito, firmado el 21 de mayo de ese año, dejaba claro que se había oficiado a la Policía del País Vasco para que localizase a Ghali y a su hermana pero los agentes no dieron con su paradero.
Es por ello que Lasala sospecha que el actual Gobierno de Pedro Sánchez sí conocía de la existencia de los procedimientos contra Ghali y otros altos cargos del Frente Polisario en la Audiencia Nacional. El primero de ellos se abrió en 2008 pero estaba archivado a la espera de recibir comisión rogatoria de Argelia. Fue precisamente su entrada en España el pasado 18 de abril y su posterior filtración en prensa lo que permitió la reapertura del procedimiento. Los querellantes denunciaron ante la Justicia que Ghali se encontraba hospitalizado en un hospital de Logroño y que su presencia en nuestro país debía implicar que se le siguiera investigando.
Ante ello Pedraz ordenó a la Comisaría General de Información que esclarecieran si detrás del nombre de Benbatouche se encontraba en realidad el líder del movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui. La respuesta de la Policía Judicial (a la que ahora alude Lasala en sus interrogatorios) fue positiva. De acuerdo con su informe. "El responsable del servicio hospitalario asegura, sin ningún género de dudas, que Mohamed Benbatouche es Brahim Ghali", precisó la Policía. El oficio, firmado el 5 de mayo, dio paso a que Pedraz reabriera las diligencias, le interrogara por videoconferencia desde el hospital y, finalmente, concluyera las pesquisas sin atisbar indicios de delito contra Ghali por estos hechos.
