La acción unilateral del gobierno gibraltareño el pasado 24 de julio de 2013 al arrojar al mar, en un caladero próximo a la colonia pero en aguas territoriales españolas, numerosos bloques de hormigón y ferralla, ya tiene respuesta en los tribunales nacionales. La ha dado la asociación Club de la Constitución, una organización sin ánimo de lucro granadina que ha presentado este miércoles en los juzgados de La Línea de la Concepción (Cádiz) una querella criminal en la que ejercita la acusación popular. Se acusa al gobierno de Gibraltar de delito ecológico, y concretamente con nombres y apellidos a sus integrantes: Fabián Raymond Picardo, Joseph García, John Cortés, Samantha Sacramento, Gilbert Licudi, Joe Bossano, Neil Costa, Paul Balbán y Steven Linares.
En el texto presentado ante la secretaría del decanato de los juzgados de La Línea, el abogado y responsable de la redacción de la querella Juan Antonio Maldonado hace uso de los textos legales que rigen la situación de la colonia británica y sus aguas aledañas. Especialmente del Tratado de Utrech, por el cual se concedió Gibraltar a los británicos en 1713, y que asegura que la soberanía británica sólo se ejerce en "la ciudad y los castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas". Es por ello que las aguas en las que echaron bloques de hormigón de entre 4.000 y 5.000 kilos no serían, en ningún caso, "claramente británicas y gibraltareñas" tal y como dicen los llanitos, sino que pertenecerían a España y por tanto los juzgados competentes serían los más próximos: La Línea de la Concepción.
Desde la asociación recuerdan que "el sujeto de derecho internacional es Reino Unido, no Gibraltar", que por ser una colonia tampoco tiene aguas territoriales
La querella está jurídicamente bien argumentada, según aseguran sus autores. Maldonado está convencido de que hay jurisprudencia por este tipo de delitos ecológicos: "A un español por arrancar una mata de una manzanilla protegida se le ha procesado y mandado a prisión, cuánto más por arrojar toneladas de hormigón y hierro al mar". Por ello, en la misma querella se pide al juez que solicite a la Interpol orden de busca y captura contra los responsables del gobierno local gibraltareño, pues es de prever que los llanitos se negaran a colaborar con la justicia española. No habría problema con que un juzgado ordinario actuara en este ámbito, pues el gobierno gibraltareño no está aforado, y en cualquier caso "ese aforamiento lo tendría que acreditar el querellado, porque no son personal diplomático, ni presidentes de una nación".
La respuesta del juez ante esta querella podría ser o bien inhibirse en un tribunal superior -y seguramente se requeriría a la acusación para que subsanara posibles defectos en la querella-, o bien aceptarla o bien archivarla, en cuyo caso la acusación popular recurriría.
José Torné, presidente del Club de la Constitución, una institución liberal que reivindica el espíritu de la transición, recuerda que para que declararan los responsables del gobierno gibraltareño, "habría que pedírselo al Reino Unido, porque el sujeto de derecho internacional es el Reino Unido, no Gibraltar. La petición a la Interpol es un auxilio policial y el juez puede pedir a la Interpol que detenga a estos señores si considera que se ha infringido el Código Penal, si el juez le da trámite a la querella se abre un proceso judicial con todos los elementos que conlleva, si se tiene que pedir una comisión rogatoria a UK se le pedirá, o si hay que pedir que se retenga a estos señores se pedirá. Es el poder judicial el que en estos momentos está conociendo nuestra querella y el que tiene que actuar".
Para Torné, la estrategia de la colonia es clara: "Lo que Gibraltar persigue es una extensión por tierra, mar y aire de su minúscula extensión, pero creemos que eso no es acorde al ordenamiento jurídico ni nacional ni internacional".
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