El llamado 'Acuerdo de Nochevieja' sobre Gibraltar, por el que la colonia británica sigue en la zona Schengen pese al Brexit, no ha logrado que Madrid y Londres rebajen el número de quejas diplomáticas por el Peñón. Sólo hasta el 16 de febrero de este año hubo cuatro notas verbales de protesta del Reino Unido a España por 69 incidentes ocurridos en las aguas territoriales y el espacio aéreo en disputa.
En una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado Jon Iñarritu (Bildu) a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo subraya que la posición de España respecto de los espacios cedidos y no cedidos a Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht permanece "inalterada" desde la fecha de dicho tratado (1713).
Así, España sólo reconoce como británicas las aguas del puerto de la Roca, un espacio que se ha ido ampliando con el paso de los años gracias a los espigones. Pero eso no incluye ninguna milla náutica adyacente a Gibraltar, ni el espacio aéreo del Peñón ni el istmo de tierra que Londres se apropió a principios del siglo XX y en el que luego construyó la Verja, el aeropuerto y una pista de aterrizaje.
"El Gobierno español no tiene duda alguna sobre los límites del territorio español y, por lo tanto, no cabe en ningún momento hablar de incursiones", advierte Exteriores al diputado de Bildu por utilizar el lenguaje británico. "Los buques y aeronaves españoles ejercen sus cometidos en las aguas españolas y en el espacio aéreo territorial español, respectivamente, sin que ello se haya aducido hasta tiempos muy recientes como causa de pretendidas incursiones".
El Reino Unido se refiere a estos hechos como incursiones o incidentes, mientras que España los denomina en la mayoría de los casos como "simples incidencias", que "surgen al ejercer sus competencias sobre unos espacios marítimos que se encuentran bajo soberanía española". Gibraltar notifica a la metrópoli cualquier incursión española dentro de las tres millas o en lo que considera su espacio aéreo.
Incursiones en Gibraltar
El cambio de criterio se produjo en 2012. Hasta ese momento, el Reino Unido solo presentaba quejas diplomáticas en los casos más graves. Por ejemplo, en 2011 hubo siete notas verbales relativas a nueve incidencias. Al año siguiente, Londres empezó a quejarse por cada entrada de barco o avión español en lo que considera su jurisdicción aérea y marítima. Así que se pasó a 25 notas verbales relativas a 170 incidencias.
En los siguientes años no dejaron de aumentar estas cifras hasta estabilizarse bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2013, por ejemplo, hubo 42 quejas diplomáticas del Reino Unido por 457 incidentes. En 2014 se llegó al récord de 76 notas verbales por culpa de 418 incidencias. En 2015 se bajó a 53 quejas por 456 incidentes y al año siguiente hubo 51 notas verbales relativas a 590 incursiones.
A partir de 2018 decrecieron las notas verbales británicas pese a un mayor número de incidencias comunicadas a Madrid. Ese año hubo 43 por 670 incursiones -el máximo en la última década-. En 2019 se pasó a 46 quejas por 666 incidentes y en 2020, se registraron en Exteriores 34 quejas británicas relativas a 598 incidentes.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
El departamento de Arancha González Laya hizo un desglose a Iñarritu de estos últimos: 535 protestas fueron por la presencia de embarcaciones de Estado españolas en las aguas adyacentes al Peñón de Gibraltar y las 63 restantes por la presencia de aeronaves en el espacio aéreo "suprayacente" a la Roca.
Tras el 'Acuerdo de Nochevieja', en los primeros compases de 2021 ha seguido la misma tónica. Hasta el 16 de febrero, fecha de registro de la pregunta del parlamentario de Bildu, Exteriores recibió cuatro notas verbales del Reino Unido relativas a 69 incidencias. Un promedio similar al de los últimos años.
La interlocución diplomática y la formulación de protestas se realiza "exclusivamente" entre España y el Reino Unido, que es la potencia administradora del territorio de Gibraltar en base a la doctrina de la ONU. Por este motivo, es Londres, y no el territorio de Gibraltar, el que formula a Madrid las reclamaciones de soberanía territorial sobre los espacios en disputa.
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