El Gobierno se ha comprometido este miércoles a aprobar la ley de familias en 2024, lo que incluirá adoptar medidas como la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas o la retribución del nuevo permiso para padres y madres de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años.
Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha afirmado que "es un compromiso público avanzar con celeridad en la aprobación de la ley de Familias". Este compromiso ya se anunció por parte de PSOE y Sumar como una de las tareas pendientes al reeditar el Gobierno de coalición.
Bustinduy ha destacado la importancia de que sean remunerados los permisos de 8 semanas para cuidar a los menores hasta los 8 años. El compromiso del ministro, en cumplimiento con el acuerdo de gobierno y de una directiva del Parlamento Europeo, es empezar a remunerar 4 de las 8 semanas en 2024.
El ministro ha asegurado que esta ley saldará una deuda histórica y reconocerá jurídicamente a todos los tipos de familias, que ganarán en derechos y que supone "un salto cualitativo en la protección social, la conciliación y las políticas de bienestar".
Acelerar la ley de familias
La intención del ministerio es llevar la ley de familias en el plazo más corto posible y baraja varias vías, como la de enviarla al Consejo de Ministros con la redacción que tenía antes de la convocatoria de elecciones incorporando algunos cambios a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria, impulsarla desde los grupos parlamentarios o reabrirla de nuevo y completar la negociación de las medidas con otros ministerios, explican fuentes de Derechos Sociales a EFE.
En cualquier caso, si los plazos en la aprobación de la ley se dilataran más allá de julio, no se descarta la posibilidad de aprobar por separado las medidas que amplían las semanas de los permisos de nacimiento y la remuneración de los permisos que hasta ahora no lo eran a través de real decreto, añaden las fuentes.
Bustinduy ha hecho estos anuncios, entre otros, durante el acto de toma de posesión de los altos cargos que le acompañan esta legislatura: la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el subsecretario del ministerio, Rubén Baz; la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea; el director de gabinete, Ricardo Molero; el director general de Consumo, Daniel Arribas, y la directora general de Agenda 2030, Paula Fernández.
Reforzar los derechos de los consumidores
Bustinduy también ha añadido que, materia de Consumo, se ha fijado como objetivo para el próximo año la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que reducirá los tiempos de espera a los clientes a un máximo de 15 días en reclamaciones y un máximo de 3 minutos en consultas telefónicas.
Otro de los objetivos de su cartera para el año que empieza será impulsar de nuevo la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para "devolver a los ciudadanos la capacidad de ejercicio pleno de sus derechos como clientes", ha destacado en el acto de toma de posesión el ministro.
La norma incluye conquistas para los consumidores como el establecimiento de plazos máximos de espera por parte de las empresas para responder reclamaciones y consultas telefónicas, ha aseverado.
Además, Bustinduy ha señalado que España se presentará el próximo mes de julio ante las Naciones Unidas para someterse al examen nacional voluntario en el que se rinden cuentas sobre los avances de España en materia de Agenda 2030.
Este examen tendrá lugar en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible y evaluará los 17 objetivos de desarrollo sostenible adquiridos por nuestro país ante la comunidad internacional. "España quiere ejercer un papel de liderazgo y referencia", ha concluido.
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