Un malentendido. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se ha retractado y ha achacado este jueves a un error de interpretación sus palabras sobre la reforma del delito de sedición, del que ha espetado en el Congreso que el Ejecutivo lo llevará a la Carrera de San Jerónimo: "Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión". Pero, al terminar su intervención, la titular de Hacienda se ha enmendado justo en pleno cierre del pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
"No hay plazo para que la reforma del código penal venga a la Cámara. Yo lo que he expresado es lo mismo que dijo el presidente Sánchez respecto a que la voluntad del Gobierno es homologar determinados delitos, en este caso sedición, con los estándares europeos; que para ello necesitamos una mayoría y que el compromiso del presidente es impulsarlo en el momento en el que existan esas mayorías. Si se ha interpretado por mis palabras que estaba dando un paso más, para nada", ha comentado la ministra después.
No obstante, Montero ha asegurado que no tiene conocimiento de que el PP haya advertido al Gobierno de que si toca el delito de sedición se rompe el pacto para renovar el Poder Judicial: "No me consta que el PP haya amagado con romper el pacto del Poder Judicial si se toca el delito de sedición, pero no estoy inmersa en esas conversaciones", ha dicho la ministra de Hacienda. En la misma línea se ha mostrado la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría. Eso sí, Montero también ha negado que el apoyo a las cuentas de ERC esté condicionado a la reforma del delito de sedición.
Si se ha interpretado por mis palabras que estaba dando un paso más, para nadaMaría Jesús Montero, ministra de Hacienda
Fue el portavoz de ERC en el debate de Presupuestos, Joan Margall, quien hizo referencia a que fue el delito de sedición el que se aplicó a los independentistas condenados por el referéndum ilegal de 2017. "La solución pasa por la política", ha zanjado. Todo un dardo dirigido al PSOE, al que insta a elegir si está "con el 80% de la sociedad catalana" y el mandato de distintas organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa o "está al lado del PP y Vox".
La respuesta de Montero ha sido escudarse en el presidente del Gobierno. Y, por eso, ha indicado que Sánchez "ha sido muy claro" respecto a su voluntad de homologar "la calificación de determinados delitos" para homologarlos con los estándares europeos. "Si se ha interpretado por mis palabras que estaba dando un paso más, para nada. En el fragor no siempre uno terminar de completar la frase y lo que he querido decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos la mayoría suficiente para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. No estaba haciendo anuncio añadido, para nada", ha justificado la ministra de Hacienda.
Fuente de ERC consultadas por este diario, no obstante, ironizan sobre la rectificación de Montero: "A veces hay que hablar menos", zanjan estas fuentes. Y es que por mucho que el Gobierno advierta que la negociación de los presupuestos no está condicionada a la reforma de la sedición, lo cierto es que fuentes conocedoras de las conversaciones lo desmienten. Como publicó este diario, el Gobierno y los republicanos llevan desde 2019 intercambiándose documentos sobre la modificación del Código Penal.
La prioridad, los presupuestos
El Ejecutivo está dispuesto a rebajar a la mitad el alcance de las penas por sedición con el fin de homologarlas al resto de grandes países europeos. Pero insiste en que no hay mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo efectivo. Algo que no entiende ERC, que lo ve como excusa socialista. El Gobierno repite que la prioridad son los presupuestos.
En España, el delito de sedición tiene un castigo máximo de 15 años para las “personas constituidas en autoridad”. Fuentes de ERC reconocen premura por impulsar el cambio penal, aunque insisten en que ahora lo más urgente son los presupuestos. "Todo es prioritario", zanjan. Los republicanos, no obstante, no quieren entrar en una "subasta" para fijar las penas. E insinúan que es el PSOE el que no está por la labor de atar la reforma por su repercusión electoral cuando faltan siete meses para los comicios municipales y autonómicos del próximo mayo. Y es que en ERC no ven igual de comprensible con el asunto al votante socialista en Ávila que al de Barcelona.
Moncloa no niega que trabaje en pro de esa mayoría que ahora no ve posible en la Carrera de San Jerónimo capaz de sacar adelante el cambio penal. Al tratarse de una ley orgánica, cualquier modificación requiere el quorum de 176 diputados. Es decir, la mayoría absoluta. Aunque ERC insiste: "Hay números". Además, el Ejecutivo sostiene que la hipotética reforma para "homologar" la sedición al resto de Europa no afecta ni a las negociaciones con el PP para renovar el CGPJ, algo que corroboró la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ni a los presupuestos.
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